Ya no le quedan más opciones a la Junta. El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo que la Junta interpuso contra el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que se le condenaba al pago de 1,7 millones de euros a la madre biológica de Iván y Sara, Carmen Fernández, ya fallecida, por la retirada irregular de ambos durante diez años. La cantidad se fijó atendiendo a dos baremos: el de la enfermedad padecida a causa del sufrimiento y el de la pérdida de los hijos.

«Con ésta son ya 11 las resoluciones a favor de Carmen en su lucha hasta la muerte», «un tortuoso calvario», asegura Gabriel Velamazán, abogado de Carmen, cuando la «culpable es, sin duda, la Junta». Iván y Sara fueron declarados en desamparo y dados en adopción en septiembre de 1998 mientras su madre se encontraba en tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol. Ya en la primera resolución se reconocía que la situación de los menores «no se debía a un deliberado abandono por parte de su madre». De hecho, en 1997 y 1998 había informes favorables sobre la desintoxicación de Carmen.

Sin embargo, el juez de Primera Instancia entendió que la entrega era «perjudicial» y fue acordando otras medidas, que suponían, según la Audiencia, «la perpetuación de la inicialmente acordada por la Junta».

Carmen sólo llegó a cobrar 200.000 euros, pero «si estuviera viva cobraría el dinero de inmediato», aseguró Velamazán. «Ahora hay que esperar a ver el testamento».