La LOMCE establece en su artículo 106 la necesidad de evaluar a los docentes, poniendo sobre el tejado de las administraciones educativas la responsabilidad de elaborar estos planes de evaluación "a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores". Algo que ya apuntaba como necesario la ley orgánica de educación previa, la LOE. Es decir, desde hace al menos doce años se da la paradoja de que legislativamente se contempla una medida que nunca se ha intentado siquiera llevar a la práctica.

Este jueves, Fundación SM ha presentado la primera propuesta formal en este sentido y que, en palabras de su director, Javier Palop "no es solo una propuesta de ideas, incluye una estimación aproximada de presupuesto y calendario", con el objetivo de generar un impacto positivo tanto en la calidad de la enseñanza como en el desarrollo profesional de los profesores.

Se trata de un modelo de evaluación voluntario para el desarrollo profesional  que ha sido desarrollado de manera independiente por Álvaro Marchesi, que fuera Secretario de Estado de Educación e impulsor de la LOGSE, y la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Eva María Pérez.

¿Por qué no se ha afrontado hasta ahora? Marchesi ha apuntado en la presentación del documento a que "los profesores, con buen criterio, tienen sus recelos", también la "complejidad" de plantear un modelo de evaluación "atractivo y equilibrado".

Los autores del modelo propuesto recalcan que se trata de un proceso voluntario tanto para los profesores de la enseñanza pública como de la concertada, aunque no sería así para los que inician la carrera docente, para los que este sistema se plantea como una alternativa al polémico MIR educativo, que en la propuesta de Ciudadanos fue rechazado el pasado mes de mayo por el Congreso. "Una vez son seleccionados en un centro concertado o aprueban un concurso, harían dos años en formación práctica remunerada y se les evaluaría, superando la evaluación se obtendría plaza estable", explicó Pérez. Con los interinos también apuestan por su acceso a la evaluación, y que si es positiva tenga peso en el nuevo concurso de oposición al que se presenten.   

En cuanto a la metodología, se basa en un portafolios que elabora el docente, al que se puede añadir de forma opcional la observación de su trabajo en el aula y cuestionarios a familias y alumnos. Un portafolio "que les servirá como reflexión sobre su práctica docente, que creemos que es algo fundamental", según Pérez.

En ese portafolios tendrían distinto peso siete competencias: favorecer el aprendizaje de todos los alumnos, responder de forma flexible a la diversidad, utilizar las ITC de forma pedagógica, trabajar en equipo, contribuir al desarrollo socioemocional y moral de los alumnos, colaborar con las familias y en la planificación y gestión del centro y en sus actividades comunes.

Es un apartado que requiere debate y desarrollo, también ajustes, porque como apuntó en la presentación Eva María Pérez "no es lo mismo un maestro de Infantil, que uno de Secundaria, un orientador o un PT". No obstante, los autores del estudio descartan la opción de contemplar los resultados académicos de los alumnos como una de las competencias que formen parte de la evaluación. Según Marchesi sería "injusto", dado que hay "profesores extraordinarios en centros complicados".

Los evaluadores serían eminentemente inspectores, también miembros de equipos directivos,  aunque Pérez aclara que "en ningún caso podría ser un miembro del equipo directivo del mismo centro" y profesores con algún sexenio evaluado de manera positiva a los que se haya formado. Y el resultado de la evaluación, que incluiría sugerencias de mejora, sería siempre confidencial.

Cuenta con incentivos económicos vinculados a las evaluaciones positivas.  Se proponen cinco tramos de seis años para la evaluación docente. Todos con incrementos retributivos, el primero y el quinto de sesenta euros y el segundo, tercero y cuarto de cien euros.

Además, se reconocería de manera especial a aquellos profesores que trabajan en centros que las administraciones educativas  reconocen como de dificil desempeño por su contexto social, por su esfuerzo para garantizar la inclusión o por contar con proyectos innovadores contrastados. Un incentivo para permanecer en esos centros y promover la innovación.

Pedro Badía, de la Secretaría de Política Educativa de CC OO asegura que" la propuesta no está mal planteada ni mal enfocada, pensando en la complejidad que tiene en sí.  La idea hay que contextualizarla, hay que aterrizarla y a mí personalmente y a mi sindicato no nos chirría, pero hay que saber sobre todo qué recorrido político tiene ahora mismo en el actual gobierno. Si está o no en su agenda educativa".

Nicolás Fernández, presidente del sindicado de profesores ANPE ha asegurado en la presentación que, "que haya una propuesta así nos parece fundamental, porque no hay nada y estamos deseando debatirla", aunque ya ha adelantado su preocupación por la "mezcolanza entre el sistema de acceso y el de desarrollo profesional".

Resulta imposible saber cuántos profesores se presentarían voluntariamente a esta evaluación y cuántos la superarían, pero los autores del estudio han estimado que si la afrontaran el 80% y el 90% obtuviera un resultado positivo, el coste anual sería de cerca de 916 millones de euros. Ahí no estaría contemplado el coste coste organizativo, que Álvaro Marchesi reconoce que incluiría probablemente la necesidad de contar con más inspectores, sino únicamente los incentivos económicos.

"La cifra no es descabellada si se tiene en cuenta que el conjunto de sindicatos de la enseñanza pública están planteando la reivindicación de subir el PIB en educación al 5% en este momento. No es una cifra imposible en un país dónde ha crecido la economía", apunta Badía, que añade que este sistema de evaluación "tendría que estar contextualizado en una carrera profesional para que tenga sentido".

Los impulsores de este modelo de evaluación invitan a partir de ahora al diálogo y debate a los responsables políticos, sociales , sindicales y la comunidad educativa, para intentar alcanzar un acuerdo.  Contemplan que la negociación se lleve a cabo entre este año y el próximo, que el desarrollo normativo pueda concluir en 2020 y la aplicación arranque entre 2021 y 2030.