Desde que se activó el Protocolo para prevenir la mutilación genital femenina (2002), los casos de riesgo atendidos por la Generalitat ha aumentado en un 240%.
En 2007, se intervino en 68 casos en los que había la sospecha de que se había practicado la ablación a una menor o se quería hacer en un futuro, o se solicitó información.
«Que incremente el número de casos en los que se ha intervenido es una buena noticia», dijo Amorós, ya que significa que se ha logrado penetrar en las comunidades que consideran la ablación como una tradición necesaria. La consellera de Acció Social, Carme Capdevila, puntualizó ayer que «no ha habido ninguna condena por mutilación genital femenina» en Catalunya desde 2002.
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