Alrededor de 2.500 funcionarios de Justicia en Castilla y León, dependientes del Ministerio, están convocados desde hoy a una huelga general para pedir que se equipare su salario al del resto de funcionarios de Justicia que dependen de la Junta, tras el traspaso de competencias.
Consideran inadmisible que el Ministerio se niegue a negociar con ellos, después de diez meses, ya que las diferencias de salario entre unos y otros, por realizar las mismas funciones, rondan los 200 euros. En España hay 9.000 funcionarios en la misma situación.


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