El tribunal consideró que los hechos constituyen en el derecho francés un 'secuestro de menores de menos de quince años'. Además, ha recordado que no tiene 'la potestad de volver a juzgar los hechos, apreciar la culpabilidad de los condenados o apreciar las sanciones establecidas por una jurisdicción extranjera'.
Los magistrados rechazan así la demanda de la defensa, que solicitaba que se anulara el veredicto chadiano alegando que el proceso celebrado en Yamena habría vulnerado la Convención Europea de Derechos del Hombre.
Los condenados sólo tienen como esperanza un perdón del presidente chadiano Idrisss Déby. Su homólogo francés Nicolas Sarkozy no tiene poder de indulto en el asunto y la libertad condicional no es posible hasta que se cumpla alrededor de la mitad de la pena, unos cuatro años.
Arrestados el pasado 27 de octubre en el este de Chad cuando se disponían a partir hacia Francia con 103 niños, los seis fueron condenados en Yamena el 26 de diciembre. Dos días después fueron repatriados a Francia.
Cinco de los condenados estuvieron presentes el lunes, todos menos Nadia Merimi, una enfermera de 31 años muy débil y que está hospitalizada en la cárcel.
Los miembros de la ONG sostuvieron al principio que realizaban una buena causa, un proyecto de ayuda a los huérfanos víctimas del conflicto en la provincia sudanesa de Darfur.
Después surgieron divisiones. Por una parte está el presidente de la organización, Eric Breteau, de 37 años, su compañera Emilie Lelouch, de 31 años, y el experto en logística Alain Péligat, de 56 años, que sostienen su proyecto y por otro lado el otro experto en logística, Dominique Aubry, de 50 años y el médico Philippe Van Winkelberg, de 48 años, que aseguran que sólo conocían sus competencias e ignoraban el resto.
Los 103 niños, según la ONU, no eran ni huérfanos ni sudaneses sino que procedían del este de Chad.


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