La paradoja se remonta a principios de la década de los noventa, cuando un grupo de trabajadores del sector galletero de Aguilar de Campoo se unió para poner en marcha una fábrica, Galletas Tas, con el fin de completar la amplia oferta galletera que la localidad palentina distribuía por el mundo.

Un centenar de accionistas puso de su bolsillo cerca de 12.000 euros para iniciar este proyecto, pero pronto aparecieron los problemas. Finalmente, el asunto terminó en los juzgados. En 2003, después de 10 años, la Audiencia Provincial dictó sentencia y condenó a Cristóbal Pablos, ex gerente de Galletas Tas; Faustino García, director de la oficina de La Caixa en Aguilar; y Luis Miguel Nantón, responsable de una empresa contable a penas de cárcel por delitos de estafa y apropiación indebida, decisión que a la postre sería ratificada por el Tribunal Supremo.

Cristóbal Pablos fue condenado a seis años de cárcel y, tras intentar evitar su ingreso en prisión, desapareció, por lo que actualmente se encuentra en busca y captura. Una circunstancia que no le ha impedido, a través de su abogada, presentarse en el Juzgado y solicitar los 28.000 euros que, según declaró, es el dinero que debía percibir cuando su relación con Galletas Tas finalizase.

De hecho no sólo ha demandado esta cantidad, sino que también ha solicitado que se le reconozca como acreedor preferente, por delante de las familias a las que estafó.

El Juzgado decidirá al respecto el jueves.

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