Los servicios gratuitos tienen sus costes. En el caso del correo electrónico de Google, Gmail, el buscador filtra los mensajes para detectar palabras clave y mostrar publicidad, una actividad que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera "espionaje". Por eso, preguntó a la Agencia de Protección de datos si se trata de una "intromisión en la privacidad" y el organismo oficial ha contestado afirmativamente.
En una "Declaración sobre buscadores de Internet", Protección de Datos advierte que los servidores de correo electrónico
sólo pueden filtrar las comunicaciones para la prevención de virus y spam, así que otros fines, como acompañarles publicidad individualizada según el contenido, no son conformes a la ley.
El documento de la AEPD, elaborado recientemente,
analiza las políticas de privacidad de las principales compañías mundiales en servicios de búsqueda de Internet (Google, Microsoft y Yahoo). Según el informe, las empresas escanean los correos para la prevención de virus, filtrar correos basura, detectar material ilegal y retirarlo; y para incluir "publicidad personalizada" en función del contenido del mensaje.
Según la directiva europea de privacidad de las telecomunicaciones y la Ley General de Telecomunicaciones de España, "
únicamente se podrán filtrar las comunicaciones para prevención de virus y de spam", afirma la AEPD, "con el fin de adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus servicios".
Que sea gratis no es excusa
En un comunicado publicado en su página web,
FACUA interpreta que la AEPD declara así "ilegal" el modelo de negocio en que Google basa su servicio de correo electrónico. La asociación explica que se ha dirigido a Google para instarle a que cumpla la normativa. Lo hace por tercera vez en casi cuatro años, pero en esta ocasión avalada por el análisis de las autoridades de Protección de Datos a nivel nacional y europeo.
Para FACUA la gratuidad y el hecho de que sean máquinas las que rastreen los correos
no son excusas válidas para permitir prácticas que recorten los derechos ciudadanos.
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