Los afectados ya han empezado a presentar sus denuncias y van a solicitar en los juzgados el embargo preventivo de los bienes de la compañía para evitar que «se produzca un alzamiento y desaparezcan esos activos», según la asesoría jurídica de la CIG. Además de los 56 empleados de Marbar se calcula que otros 200 puestos de trabajo indirectos se han visto afectados por el cierre de la compañía.
La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, se ha mostrado dispuesta a colaborar con los empleados. Ha indicado que el Concello está gestionando la posibilidad de que un notario levante acta de lo sucedido tal y como han solicitado los trabajadores de la compañía.
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