En una providencia difundida el martes, el magistrado emplaza a los miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca para una vista en la que previsiblemente se valorará, tras el análisis de los amplios informes policiales recibidos en el juzgado número cinco, la suspensión de actividades de estas dos formaciones por sus presuntos vínculos con ETA.
Estos informes, que incluyen documentos incautados tras la detención de la cúpula de Batasuna en octubre, permitirían probar la relación económica y política entre ANV, PCTV y Batasuna, formación ilegalizada en 2003 por su relación con la banda armada.
De confirmarse la suspensión de actividades, estos partidos no podrían presentarse a los comicios del próximo 9 de marzo.
La vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó en un acto electoral en Bilbao que el Ejecutivo 'ha estado siempre vigilante y atento en torno al cumplimiento de la Ley' por parte de estas formaciones y que 'hoy ANV y el PCTV están más cerca de su ilegalización'.
ABOGACIA DEL ESTADO ESTUDIA INFORME
Por otra parte, la Abogacía del Estado está estudiando el informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado de cara a proponer al ministro de Justicia y al Gobierno las actuaciones pertinentes en relación con la Ley de Partidos y la solicitud de ilegalización de los partidos políticos EHAK-PCTV y EAE-ANV por ser considerados sucesores de Batasuna.
La Abogacía del Estado presentó por la mañana un escrito ante el Juzgado central de Instrucción número cinco de la Audiencia - que dirige Garzón - en el que manifestaba que 'el partido ilegal Batasuna intentará participar, a través de formas jurídicas defraudatorias de la Ley de Partidos en el proceso electoral de 9 de marzo', dijo en un comunicado.
'Siendo su obligación adoptar los medios jurídicos, instando la actuación de los tribunales, para impedir que se produzca ese resultado defraudatorio', añadió.
Garzón dio por buenas las manifestaciones de la Abogacía del Estado y resolvió la entrega de los informes solicitados.
La Ley de Partidos reconoce al Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, la posibilidad de instar la declaración de ilegalidad de un partido político o la declaración de que un partido es sucesor o continuador de otro ilegal y disuelto.
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