El exceso de trabajo y la cantidad de procesos pendientes. Estas dos razones han obligado a la Fiscalía de Málaga ha decidir negociar los procedimientos abiertos a ex dirigentes del GIL por delitos urbanísticos.

La intención es conseguir una «pseudoacumulación», según uno de los abogados que participó ayer en el juicio contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y siete ex ediles del GIL. En él se acordó la sustitución de la pena de un año de cárcel por una multa de 10.800 euros –a Muñoz y dos ex concejales–. Esta sustitución es «excepcional», según fuentes de la Fiscalía, para no «entorpecer» y «facilitar» las negociaciones que hay abiertas. Eso sí, el Ministerio Público quiso dejar muy claro que las sentencias con penas de cárcel son «innegociables».

Viviendas ilegales

Por otra parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, consideró ayer «un alivio, una alegría y una tranquilidad» para los vecinos que el TSJA haya decidido suspender la demolición de viviendas ilegales en el municipio hasta la aprobación definitiva del PGOU. Además, el alcalde de Mijas presentará una moción para normalizar las casas irregulares de la localidad.