La sección sindical de Correos de CC.OO. ha alertado en una rueda de prensa de los perjuicios que puede generar para los 600 empleados de Correos en la demarcación de Lleida el decreto del Ministerio de Fomento aprobado el pasado 26 de diciembre que prevé la apertura de la red postal pública en los operadores privados.

Según ha explicado el responsable sindical de Correos, Joan Torres, "con la aplicación de este decretazo el gobierno español hace uso de unas alianzas coyunturales con CiU porque este partido tiene intereses propios con determinadas familias que controlan el segundo operador más importante en el estado español de distribución de correo, que es Unipost ".

Torres ha explicado que "aunque el Ministerio aseguró al Consejo Asesor Postal -integrado por usuarios, consumidores y sindicatos-, que antes de Navidad no tomaría ninguna medida, acabó aprobando el decreto el día de Sant Esteve en una acción hecha a escondidas y con total falta de transparencia".

Para CC.OO. este Real Decreto pone en peligro la situación laboral de 600 trabajadores de Lleida, 200 de ellos ubicados en zonas rurales. En este sentido, Torres ha dicho que una de las preocupaciones básicas que tienen sobre el decreto es que éste no va acompañado de la financiación que requiere la prestación del servicio postal universal, que es lo que tiene que hacer el operador público y que consiste al llevar las cartas a los lugares más remotos de la demarcación.

Un decreto hecho "contra la ley"

De esta maneraCC.OO. asegura que el decreto está hecho "contra ley" porque el año 1998 se aprobó la Ley postal que intenta regular el mercado postal del estado español y que con respecto al acceso de los correos privados planteaba una serie de cuestiones que ahora se han saltado con la aprobación del decreto.

Asimismo, establecía que el correo privado tenía que tener un mínimo de volumen de envíos que ahora no están estipulados en el decreto y que en un futuro podría repercutir negativamente en Correos con un encarecimiento de los servicios. Por eso, CC.OO. asegura que ya ha presentado un recurso al Tribunal Supremo para denunciar estos parámetros que consideran que van contra la ley de 1998.

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