La Audiencia pide pruebas de víctimas del genocidio de Guatemala

El juez Santiago Pedraz había emitido órdenes de detención contra Ríos Montt y otros siete ex responsables oficiales, a los que acusaba de crímenes contra la humanidad durante la guerra civil de 36 años que sufrió el país centroamericano.

La Corte Constitucional guatemalteca estimó el pasado diciembre que la Audiencia Nacional española no tenía jurisdicción para llevar a juicio al general retirado y a los otros altos cargos gubernamentales.

'A la vista de la negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar en la investigación, (el juzgado) solicita a todas aquellas personas que sean víctimas, perjudicados, testigos, o cualesquiera otras que puedan suministrar información relevante sobre el genocidio y demás delitos cometidos contra el pueblo maya en Guatemala la pongan en conocimiento de este juzgado', dice el auto judicial.

El texto pide a los medios de comunicación guatemaltecos y de países limítrofes - México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos - que publiquen la nota en la que se solicita colaboración ciudadana.

Un informe respaldado por las Naciones Unidas tras los acuerdos de paz de 1996 entre el Ejército y la guerrilla de izquierdas halló que un 85 por ciento de las 200.000 muertes registradas en Guatemala durante la guerra fueron llevadas a cabo por el Ejército.

Ríos Montt, que fue elegido recientemente para el Congreso guatemalteco, fue presidente en los años en los que se produjeron algunos de los episodios más sangrientos.

La apertura del juicio en España comenzó a raíz de una querella presentada en diciembre de 1999 por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por genocidio y torturas.