La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la detención de los administradores de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ante el posible riesgo de fuga por las elevadas condenas que prevé imponer el tribunal por la supuesta estafa de la inmobiliaria, que en octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a miles de afectados sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas.

En un auto, la Sección Decimoquinta decreta la detención de Francisco García Moreno, el máximo responsable de la compañía, sus dos hijos, Francisco y Miguel Angel, administradores de la sociedad, y un amigo de éstos, Miguel Angel Morillo. La Sala fundamenta su decisión en "las penas que pudieran imponerse a los acusados, una vez deliberada la sentencia, el escaso tiempo que han estado en prisión provisional, la naturaleza de los hechos, la situación económica de los acusados y el aseguramiento de su presencia en fases posteriores del proceso".

La sentencia por el denominado 'caso CPV' se notificará en las próximas horas a las partes personadas en el procedimiento. Los procesados se enfrentan a 15 y 4 años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y a una multa de 60 euros diarios durante 36 meses.

La Fiscalía de Madrid sostiene que los encausados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.