El Estatuto aragonés recoge competencias exclusivas en la gestión de aeropuertos, ferrocarriles, museos y archivos, ejecución y explotación de obras hidráulicas y la creación de una policía autonómica, entre otras.
Otras prioridades del Gobierno aragonés son mayor participación en órganos de decisión estatales, como las Conferencias Hidrográficas de las Cuencas del Ebro y Júcar, el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Energía.
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