En concreto, de las 792 vallisoletanas que detuvieron la gestación,  153 (19,3%) ya habían abortado con anterioridad  en una o más ocasiones. De hecho, 33 ya acumulan al menos otros dos abortos.

Los motivos

Del total de intervenciones realizadas en la única clínica autorizada en Valladolid (Ginemédica), 763 se debieron a los riesgos que existían para la salud de la madre, uno por riesgo fetal y el resto por distintos motivos que no se especifican.

Menos que en 2005

El número de interrupciones voluntarias del embarazo disminuyó con respecto al año anterior. En 2005 se produjeron 797 abortos, cinco más que en 2006. Fue una de las dos provincias de la región, junto con Salamanca,  en las que bajó, ya que en el resto de Castilla y León hubo un importante crecimiento. En total, se realizaron 3.239 abortos  en 2006, por los 2.908 del año anterior.

Por edades

Entre 20 y 24 años: Es el grupo de edad en el que más abortos del total se produjeron. En concreto, 244 de los 792. Le siguen las de 25 a 29 años, 175 abortos; las de 30 a 34, 127, y las de 35 a 39 años, 107.

Menores de 20 años: Entre las jóvenes de 15 a 19 años se realizaron 95 abortos voluntarios. 6 a las de 15 años; 5 a las de 16 años; 16 a las de 17 años; 33 a las de 18, y 35 a las de 19 años.

Menores de 15 años: Cinco mujeres de menos de 15 años interrumpieron su embarazo. Dos tenían 13 años y tres, 14.

Esta semana no habrá abortos por una huelga

La Clínica Ginemédica, una de las tres que hay en Castilla y León donde interrumpir voluntariamente el embarazo (si se cumplen los requisitos que marca la ley),  hará huelga al menos durante el resto de esta semana. Esto supone que se han cancelado las intervenciones que estaban previstas y no se ha programado ninguna nueva.

El motivo es el paro convocado por la Asociación de Clínicas Acreditadas de España, que se quejan de la persecución que sufren, sobre todo desde hace un mes, cuando se detectaron prácticas ilegales de abortos en algunas ciudades.

Piden que se garantice la seguridad de los profesionales y que se respete el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo dentro de la ley. También solicitan al Gobierno un cambio en la normativa (una ley de plazos), para que se adapte a la demanda social.