La ampliación de la Unión Europea es ya de tal envergadura que se ha tenido que idear una reforma institucional para poder funcionar con 27 miembros.

Sus dirigentes acordaron el pasado 13 de diciembre en Lisboa un Tratado de Reforma, que pretende facilitar la toma de decisiones y proporcionar más cotas de democracia, confiriendo poderes mayores tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales.

Después del fracasado intento de aprobar una Constitución, ahora se intenta mejorar los cauces de comunicación con los ciudadanos para que estos acojan positivamente el nuevo Tratado.

Para que entre en vigor, tendrán que ratificarlo los 27 Estados miembros y está previsto que sea efectivo el 1 de enero de 2009, es decir, unos meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo.

Cuando se haga efectivo definitivamente, la Unión Europea será un espacio en el que vivirán casi 500 millones de personas.

El Tratado recoge expresamente el compromiso de abordar el doble desafío del cambio climático y la política energética.

Por primera vez en la historia de los tratados se dedica un apartado a la energía, para que la Unión garantice el buen funcionamiento del mercado energético y, en particular, el suministro de energía, el rendimiento y el ahorro energéticos y el desarrollo de nuevas energías renovables.

Se abren nuevas posibilidades de actuación transfronteriza en campos como la salud pública, la protección civil y el deporte.

El Tratado de Lisboa sitúa la libertad, la justicia y la seguridad entre sus prioridades más importantes.

La Unión Europea podrá combatir con mayor eficacia las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas entre países, promover y apoyar la prevención de la delincuencia y contribuir a la lucha antiterrorista mediante la inmovilización de bienes.

Un millón de ciudadanos de varios Estados miembros podrán pedir directamente a la Comisión que presente una iniciativa que estimen oportuna dentro de los ámbitos de competencia de la UE. Es la primera vez que se adopta una decisión de este calibre en el seno de la Unión.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 consideran que el Tratado de Lisboa es el de los ciudadanos, porque consagra sus derechos.

Establece que el Parlamento Europeo será el encargado de designar al Presidente de la Comisión sobre la base de los resultados de las elecciones europeas; esto implica que el voto tendrá un impacto directo en el Ejecutivo comunitario.

El Parlamento Europeo, única institución cuya composición deciden los ciudadanos en las urnas, adquiere mayor relevancia en el proceso legislativo, ya que tendrá el mismo peso que el Consejo gracias a la ampliación del llamado «procedimiento de co-decisión» a áreas como el mercado interno, el control de fronteras o la lucha contra la inmigración ilegal.

Desde el 1 de enero de 2007, la Europa Comunitaria la forman Alemania, Austra, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.

El 21 de diciembre pasado, la UE desmanteló los controles de pasaportes en las fronteras interiores terrestres y marítimas en 9 de los países de la ampliación: Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa.

Esta decisión permitirá la libre circulación de personas en un área de 4.278 km2 , el denominado «espacio Schengen».