El juez Baltasar Garzón ha tomado esta decisión tras la petición presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y después de que la Fiscalía pidiera informes urgentes sobre las concentraciones, previstas para hoy y para el próximo lunes, por si pudieran ser constitutivas de delito.
Las manifestaciones, que estaban convocadas en todos los municipios vascos, querían denunciar entre otras cosas la política penitenciaria de dispersión que aplican España y Francia y contaban con el respaldo de la organización Segi - ilegalizada por sus vínculos con ETA - y de la izquierda abertzale en su conjunto.
'Son ilícitas aquellas manifestaciones o convocatorias que puedan estar auspiciadas directa o indirectamente por una organización terrorista, debiendo entenderse en este caso a la organización terrorista ETA-Segi-Ekin-Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna-Batasuna, todos ellos en cursas en investigaciones penales y con las actividades declaradas ilícitas y suspendidas', según recoge el auto.
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