Sólo cuatro de cada cien mujeres que abortaron en 2006 en Baleares acudieron a la sanidad pública para practicarse una interrupción del embarazo dentro de los supuestos legales que contempla la actual normativa, según recoge el Diario de Mallorca.
En concreto, en 2006 se realizaron 2.768 abortos en las islas y tan sólo 120 de ellos se hicieron en la sanidad pública.
Del total de interrupciones voluntarias del embarazo, el 44 por ciento de ellas fueron realizadas por mujeres nacidas fuera de España, sobre todo inmigrantes latinoamericanas, a las que se les supone un menor poder adquisitivo y que sin embargo recurrieron a los centros privados.
Objeción de conciencia
El conseller de Sanidad, Vicenç Thomàs, admite que la "sanidad pública, históricamente, no se ha adaptado a la realidad del problema del aborto en este país. Se atienden los casos de interrupción del embarazo tras una violación o por una malformación genética. En los casos en que las mujeres alegan problemas psicológicos algunos profesionales apelan a la objeción de conciencia".
"En Son Dureta tenemos treinta ginecólogos y treinta problemas, porque cada persona es un mundo y nadie puede obligar a nadie a realizar algo si apela a la objeción de conciencia, porque es un derecho constitucional.
Soluciones internas
El conseller Thomàs asegura que se están buscando soluciones internas aunque matiza que "si no tenemos recursos suficientes a este nivel tendremos que pensar en otras soluciones".
Thomàs dice que "tenemos un problema en esta comunidad autónoma ya que registramos la tasa más alta del Estado en embarazos. Si antes del año 99 los embarazos no deseados se daban fundamentalmente entre las adolescentes, a partir de este año se da una alta proporción entre inmigrantes de origen latinoamericano. Por eso hay que incidir en la prevención y en la educación para conseguir que menos mujeres lleguen a esta situación".
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