"Estamos en contra del cheque escolar y del cheque bebé: no distribuye los impuestos"

Estimado Ronald lo malo del liberalismo a ultranza es que no elige quien quiere, sino quien puede; para unos el cheque es una posibilidad de elegir, para otros sencillamente les sirve para lipiarse..., salva sea la parte. Ademas te recomiendo que leas el informe sobre la educación en USA, hecho por el Gobierno Federal, "Una nación en riesgo". Y de paso antes de hablar de liberalismo leete el informe PISA y mira el ranking de los USA.

El STERM por boca de Urralburu tiene una extraña fijación con los centros concertados, las legalidad de sus trámites para iniciar su funcionamiento y las razones que mueve a la administración para propiciar estas iniciativas privadas. Nunca aclara, y seguramente lo sabe, que la inversión que hace la comunidad autónoma para poner en marcha estos colegios y mantenerlos en funcionamiento es bastante menor que para un público, que la enseñanza en un centro concertado es igual que en un público y con menor dotación de personal, que el absentismo de los profesores en la concertada es bastante menor que en la pública y que apoya sus opiniones en los escasísimos ejemplos donde son constatables irregularidades.
Estaría bien que diese alguna vez muestra de conocer todo el intríngulis de la concertada teniendo en cuenta que, además de estar gestionada por personas de "dudosa pureza ideológica de izquierdas", da trabajo a miles de personas que también son trabajadores de la enseñanza.

Según los debates internos en los que he participado en el sindicato, ni STERM ni la boca de Urralburu tienen fijación por nada, si no es por la mejora de la calidad de la educación y por un acceso en igualdad de condiciones para todos los niños y niñas de esta región.
Y ocurre que para garantizar esa igualdad de condiciones se hace necesario que se cumpla lo que dice la Constitución en sus artículos 27 y 31:
"Artículo 27.5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
Artículo 31
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía."
Según estos artículos, si para la creación de centros docentes no se tiene en cuenta una adecuada programación y planificación orientada a garantizar los derechos educativos atendiendo a la eficiencia y economía del gasto público, lo que estamos haciendo es despilfarrar: por ejemplo cuando permite la cesión de suelo y concierta centros educativos en zonas con suficiencia de plazas educativas (según los criterios empleados como válidos en otras zonas). Y si además la administración educativa no evita la conformación de guetos educativos y la concentración del alumnado con problemas socioeducativos en los centros públicos, no sólo incumple con sus obligaciones sino que además promueve, por dejación, la segregación activa de los grupos sociales, étnicos y humanos dentro del conjunto social.
Pero es que además de todo esto, es habitual que la administración en Murcia se salte el mismo punto 8 del artículo 27 de la Constitución: "8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes." Se abren y conciertan centros privados sin que cumplan las condiciones mínimas establecidas por ley, se saltan a la torera las inspecciones realizadas, paralizan los expedientes que inicia el servicio de inspección, reprimen a los inspectores que quieren que se haga cumplir la ley, otorgan beneficios de más que dudosa legalidad a determinados centros privado concertados... en fin, el listado de irregularidades es infinito.
¿Y porqué se lo permiten a los centros privado-concertados?
Aquí la respuesta facilona y falsa de siempre: porque como salen más baratos...
Eso es falso. No podemos comparar el coste de la red pública y la red concertada en bruto. No se tiene en cuenta el coste de aquellas enseñanzas muy caras que absorbe la red pública y nunca la privada. Lo que tenemos que hacer es comparar el coste de un aula de, por ejemplo un 3º de ESO del diurno en el IES Alfonso X y en Los Maristas. Y comparemos también la tasa de éxito escolar, los resultados, las calificaciones en la selectividad y cuantas variables de calidad queramos. Ahí veríamos cómo no es tan rentable la enseñanza concertada, lo único que garantiza es que los sectores sociales que quieren aislar a sus hijos e hijas y que reciban una enseñanza religiosa lo puedan hacer, tenga los costes sociales que tenga.
Contra los privilegios y contra la falta de planificación es contra lo que está el STERM. No contra otra cosa.
Hay muchos centros privados y concertados que manifiestan públicamente su disposición y vocación pública, sin seleccionar ni segregar al alumnado que en ellos se matricula. Y es en estos centros donde la administración debe fijarse para regular al resto. No al

En esos centros, que son mayoría, debería fijarse el Sterm, pero es más fácil tener a mano el chivo expiatorio de la concertada, eso sí, sin denunciar en el juzgado de guardia las muchísimas irregularidades, prevendas e ilegalidades que se suponen en todo proceso de consolidación de un centro Concertado.
Hagan un trabajo bien hecho y denuncien al mismo tiempo que hagan público cuántos y quienes son los centros concertados que se ajustan a la ley.
Lo que no es muy justo es lanzar siempre la piedra contra el mismo tejado sin el más mínimo ejerciciio de objetividad.

Por desgracia los centros privado-concertados que cumplen la ley y manifiestan una vocación pública son los menos. La realidad es que la red en su conjunto, con una minoría que funciona, con otra minoría que resulta de escándalo y con una mayor parte que vive muy bien entre la falta de control y los muchos beneficios con los que cuentan estos centros, es, digo, el conjunto de la red la que genera cicatrices muy difíciles de cerrar en la red pública.

Hasta que no nos convenzamos de que ésto es así, que es necesaria la planificación educativa y el reparto de problemas socioeducativos, no vamos a superar los importantísimos problemas que presenta la educación en nuestra región. Lo demás son ganas de enmarañar y no abordar las cuestiones con sinceridad y vocación de solución: no se trata de cerrar centros concertados, no se trata de no valorar los miles de puestos de trabajo que generan, no se trata de no respetar su ideario. Se trata de no abrir más donde no hace falta y abrir públicos donde hace falta. Se trata de que la homologación salarial del profesorado de la concertada sea completa y también sea completo el reparto de los problemas educativos ¿No habrá otra serie de motivos por los que el profesorado de la pública tiene más bajas que el de la concertada? ¿No será posible que su trabajo sea más complejo, duro y genere más desgaste psíquico y físico que el trabajo en las homogéneas aulas de la concertada? Está muy bien cobrar igual que en el sector público, aunque no se tenga que acceder al trabajo de acuerdo a la capacidad y el mérito de cada cual, o que después de años de trabajo y dependiendo de tu especialidad tengas que desplazarte hasta cientos de kilómetros a tu puesto de trabajo, porque la red pública es amplia y está descentralizada. Todas estas cuestiones nunca se valoran al hablar sobre el profesorado de la enseñanza pública.
Pero no hablemos de cuestiones laborales: hablemos del respeto al ideario de los centros, eso que garantiza la constitución. Nunca puede hacerse vulnerando las leyes y nunca se puede emplear el ideario como sistema de selección del alumnado, como ocurre en muchos barrios con incremento de población musulmana. Los "cristianos" (aunque no vayan nunca a misa) al concertado, los "musulmanes" al público. Son los "otros", los advenedizos, los que habitan en el medievo que necesitan "un baño de civilización occidental" (entre otros)... nunca son los seguidores de la conferencia episcopal, ellos sólo ejercen el derecho constitucional de disponer de una enseñanza acorde a sus valores: aunque sus valores atenten a la dignidad de los otros.

Ya está bien, lo que hace el STERM es marcar la línea roja y el gobierno regional, e incluso el gobierno central, al margen del color político se la han pasado en muchas ocasiones.

Déjense de intentar hacer negocio con un derecho básico, al menos hasta que consigamos que este derecho se ejerza en unas condiciones tales que el 100% del alumnado supere, al menos, la enseñanza obligatoria. Después ya veremos.

Srª molinica:
En la última asamblea del STERM, a principio de curso se informó de los recursos judiciales abiertos, eran 5, ahora son 9, luego el STERM si denuncia. En cuanto a las proporciones de centros "buenos y malos" no es la misión del STERM la de juzgar, eso lo debe hacer la sociedad en general, la Consejería de Educación, y los jueces en particular. Para los dos primeros los criterios son simples: ¿Se conforma la empresa con los 55.000 euros por aula, (5.800 para gastos por aula), o les saca dinero a los padres?. ¿Discrimina a los alumnos a la hora de matricularlos?. ¿Pone trabas a la participación de la comunidad educativa en la marcha del centro?. Con un sólo si a esas preguntas ya sería para que la Administración investigara al centro. El problema en esta Región es que hay muchos centros con vocación de privados pero eso si con dinero público, por eso le propongo, Srª Molinica, el juego al reves, aquellos centros que sean capaces de contestar si a las tres preguntas que lo digan, y como afiliado al STERM, me comprometo a luchar por que se igualen sus condiciones, se les suba el sueldo y que el Ayuntamiento les pague la luz. Igualmente habría que quitarle el dinero público a aquellos que se demostrara que responden si a alguna de las preguntas. ¿Jugamos?