Los niños pueden comprar sin ninguna dificultad videojuegos para adultos
La prueba se ha realizado en seis ciudades de cinco comunidades autónomas, de las cuales cuatro tienen una legislación que prohíbe específicamente el acceso de menores a videojuegos no recomendados para su edad.
En todos los casos, las y los dependientes a los que Amnistía Internacional consultó señalaron que nunca han recibido indicaciones sobre la prohibición de vender o alquilar videojuegos para adultos a menores. Esta respuesta se obtuvo incluso en las comunidades autónomas en las que la legislación recoge esta prohibición.
Dejación de responsabilidad del Gobierno
Amnistía afirma que los videojuegos son la oferta de ocio preferida por la población española, especialmente entre adolescentes, y el Estado español no asume la responsabilidad de garantizar la máxima protección de los derechos de los menores de edad.
"A pesar de la obligación derivada de las normas internacionales de derechos humanos y derechos de la infancia y adolescencia, el Gobierno español sigue apostando por la autorregulación voluntaria de las empresas, sin establecer normas de ámbito estatal que impidan el acceso de los menores a videojuegos clasificados para adultos", asegura Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España.
Para la organización, continúan las deficiencias del sistema de clasificación por edades PEGI: un sistema basado en la autovaloración de las propias empresas de software de entretenimiento, cuya prioridad es la venta y distribución de los videojuegos, y que se adscriben voluntariamente a él.
Los iconos descriptores que se incorporan a los videojuegos no aportan, según Amnistía, una información suficiente ni clara acerca del contenido ni de su clasificación por edad, ni por lo general las personas encargadas de la venta de videojuegos cuentan con la información adecuada para saber interpretar estos iconos.


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