La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por sustracción de menores en la causa abierta contra ella después de que permaneciera un mes ilocalizable con sus dos hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri.

El fiscal acusa a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores, uno por cada hijo, y solicita una pena de dos años y seis meses por cada uno. También pide la inhabilitación especial para esta madre de Maracena (Granada) para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños, de 11 y 3 años, por un plazo de seis años, además del pago de las costas.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala las cinco instancias judiciales que a lo largo de nueve meses le han requerido con resoluciones judiciales la obligación de devolución de los dos hijos a Italia, donde tienen fijada su residencia habitual y están escolarizados. A juicio del fiscal, Juana Rivas "consciente" de estas resoluciones judiciales, "con ilícito ánimo de incumplirlas", permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y "a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos".

La acusación pública señala, asimismo, que la intención de Rivas fue ocultarse en Granada con sus hijos y "cercenar" cualquier tipo de contacto con el padre y "emplear vías ajenas" al procedimiento legalmente establecido para modificar el lugar de residencia de los menores, "sin causa alguna que lo justificara".

Relata el Ministerio Público que Juana Rivas se desplazó con sus hijos desde Italia a Granada el 18 de mayo de 2016 con el objeto de visitar a su familiares para emprender luego el regreso a este país. El 2 de agosto comunicó al padre su negativa a regresar con ellos a Italia y permaneció oculta con ellos consciente de la obligación de restituirlos a Italia, donde residían y estaban escolarizados.

El fiscal precisa en su escrito que la primera resolución de restitución de los menores fue dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada a demanda de la Abogacía del Estado por sustracción internacional de un menor; el 21 de abril 2017 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y el 11 de julio por el Juzgado de Primera Instancia 3.

De nuevo se reitera con una providencia esta última instancia el 24 de julio y finalmente el 9 de agosto se vuelve a pronunciar en el mismo sentido de restitución de los menores la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada el 9 de agosto. Finalmente, el 28 de agosto de 2017 fueron entregados los menores en dependencias de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil.

Entre otras pruebas para el juicio, la Fiscalía solicita que, además de la acusada, comparezcan Franceso Arcuri y varios agentes de la Guardia Civil como testigos, además de una psicóloga como perito de un equipo psicosocial de la Delegación del Gobierno.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal se produce después de que el juzgado acordara continuar por el procedimiento abreviado la causa contra Rivas por los delitos de desobediencia a la autoridad y sustracción de menores.

Rivas ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y ante la justicia que intentó actuar en todo momento para proteger a sus dos hijos frente a su expareja, Francesco Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que Juana denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolución por la justicia italiana.

Su actuación llevó incluso a que se investigara a su entorno más cercano, caso de sus familiares más próximos y de la psicóloga y la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, aunque todos quedaron fuera del procedimiento después de que la Fiscalía lo pidiera por no haber indicios que acreditaran la participación de ellos en ningún hecho delictivo.

Así lo ha manifestado a Efe Juan de Dios Ramírez, letrado del despacho de abogados que representa a Juana Rivas, para quien pedirán su libre absolución.  La defensa de Rivas ha considerado el escrito provisional de la Fiscalía como "muy duro para una situación tan injusta como la que ha vivido", en alusión a la "violencia" de la que Juana dice haber sido víctima con su expareja.

La defensa de Juana Rivas considera no obstante que el caso "tiene todavía recorrido y posibilidades de defensa porque -el escrito de la Fiscalía- en absoluto recoge los argumentos" que, dice, han ido desgranando a lo largo de la instrucción en relación con esa supuesta situación de violencia de la que fue objeto.

Desde que Rivas entregó en dependencias de la Guardia Civil de Granada a sus dos hijos, ambos viven con su padre en la isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, donde se mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la custodia definitiva.

Juana mantiene el contacto con los menores y durante las pasadas Navidades pasó unos días con ellos en Italia, como así lo permitió un juez, "libremente y sin ningún tipo de vigilancia ni control", según su abogado.