Las comparecencias ante el Tribunal Supremo del exconseller catalán de Interior Joaquín Forn y de los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart terminaron a primera hora de la tarde de este jueves tras casi siete horas de declaraciones. Los tres renunciaron expresamente a la vía unilateral, y reconocieron que hubo actuaciones contra la ley en el procés que condujo hasta la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y en la votación del 1 de octubre.

Además, Forn y Sànchez, que son diputados electos desde el pasado 21 de diciembre por Junts per Catalunya, habrían anunciado que renunciarán al escaño si su partido opta por insistir en la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña, según fuentes de la declaración que citan los diarios El País y El Periódico de Catalunya.

Así, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez admitió ante el juez del Supremo Pablo Llarena que el referéndum del 1-O no fue válido, renunció a la vía unilateral para obtener la independencia y negó haber llamado a la violencia. En su declaración de dos horas y media, Sànchez expresó su deseo de regirse por la Constitución y sostuvo que se trató de presionar a otros partidos no soberanistas para llegar a un acuerdo para celebrar el referéndum, que finalmente se celebró pero sin validez alguna, según el mismo comentó.

Fuentes presentes en la declaración que cita Efe apuntan que Sànchez también reconoció que desde 2015 existía una "hoja de ruta", cuyos objetivos compartían ANC, Ómnium Cultural, ERC y CDC, declaración que vendría a confirmar los datos extraídos por los investigadores del documento Enfocats, incautado al segundo de Oriol Junqueras, y por el que Llarena ha imputado al expresidente catalán Artur Mas y a la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros.

Durante su declaración, el expresidente de la ANC manifestó su repulsa frontal a la violencia y defendió que en ningún caso se produjeron actos violentos durante las movilizaciones convocadas la asambela, aunque sí reconoció actos vandálicos, como el sucedido a las puertas de la Consellería de Economía durante un registro para impedir el 1-O, cuando tres coches de la Guardia Civil quedaron destrozados.

Tras su comparecencia, Sànchez pidió "in voce" su puesta en libertad, que su defensa tiene previsto presentar este mismo jueves un escrito solicitándolo formalmente, según las fuentes. Es la primera vez que Sànchez da su versión de los hechos tras ingresar en prisión el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, ante la que apenas declaró.

El presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, comenzó hacia las 12.15 su declaración, que se prolongó durante hora y media, y en ella afirmó que la independencia de Cataluña solo debe ser perseguida respetando la Constitución y que el único referéndum válido será el que convoque el Gobierno de España. Así, siempre según fuentes presentes en la declaración, Cuixart defendió el cumplimiento de la ley y declaró que nunca ha incumplido órdenes judiciales.

Cuixart agregó que la Declaración Unilateral de Independencia fue simbólica y defendió sus convicciones pacifistas. Al igual que Sànchez, Cuixart fue enviado a prisión por la juez Lamela, quien les asignó el papel de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, pues ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Lamela destacaba también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial, "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales". Con todo ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".

Finalmente, el exconseller Forn respondió incluso a las preguntas de la acción popular ejercida por el partido Vox, y declaró por espacio más de dos horas. En su intervención, señaló que siempre ha defendido actuaciones pactadas con el Estado, aunque señaló que el modo en que se desplazaron las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña no favorecía esas soluciones políticas.

El que fuera conveler de Interior de Puigdemont subrayó que siempre ha acatado la Constitución, aunque votó en el 1-O, y concedió valor a la Carta Magna como norma jurídica suprema del Estado, por lo que prometió que su actuación política será siempre respetuosa con ella. Sobre la DUI, dijo que ni la firmó, ni la votó, ni le reconoce valor legal.

Así, consideró que, sin renunciar a sus objetivos independentistas, lo cierto es que la actuación política a partir de ahora debe venir por cauces constitucionales, y sin descartar reformas. En cuanto a su liderazgo sobre los Mossos d'Esquadra prometió que siempre defendió el respeto a los requerimientos judiciales y nunca puso trabas al cumplimiento de los mismos.

Este jueves, tanto Joaquim Forn como Jordi Cuixart y Jordi Sànchez llegaron a primera hora a los calabozos de la Audiencia Nacional, desde donde fueron trasladados al Supremo para declarar, por primera vez, sobre su participación en el procés. Forn llegó procedente de la cárcel de Estremera, y Sànchez y Cuixart, de Soto del Real, fueron interrogados por el juez del Supremo, Pablo Llarena, sobre supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación.

Ante las puertas de la sede judicial se concentró una delegación de dirigentes de ERC y PDeCAT, partido este último del que Forn y Sànchez son, al menos por ahora, diputados electos tras el 21 de diciembre, encabezada por Joan Tardá, Jordi Xuclá y Francesc Homs, para arropar a los investigados. Cuixart, por su parte, renunció a ir en ninguna lista en las pasadas elecciones autonómicas del 21-D.

Los Jordis entraron en prisión preventiva el pasado 16 de octubre y los exconsellers el 2 de noviembre, imputados por un delito de rebelión por su participación en el proceso hacia la declaración unilateral de independencia, además de otros delitos. Los tres declararon en el Supremo el pasado 1 de diciembre, pero estas comparecencias apenas duraron 15 minutos, y se centraron en las medidas cautelares impuestas a los investigados por la Audiencia Nacional y no hubo interrogatorio.