El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Andalucía, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, ha culminado la llamada operación Automotero, en la que se ha detectado el supuesto intento de obtención fraudulenta, en dos autoescuelas sevillanas, del permiso de conducir de la clase A, que autoriza la conducción de motocicletas de gran cilindrada.

En el marco de esta actuación, un profesor de autoescuela ha sido detenido, y se investiga igualmente a los dos directores de los dos centros mencionados, a dos profesores y a seis alumnos.

Según ha informado este miércoles la Benemérita, la investigación se inició a raíz de una solicitud de colaboración por parte de la citada Jefatura, ante el aumento de la siniestralidad en las motocicletas y su preocupación ante la posibilidad de que se estuviera expidiendo, por parte de algunas autoescuelas, certificados de aprovechamiento ficticios, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial que ello supone, tanto para el conductor como para el resto de usuarios, según remarca el Instituto Armado.

Desde la entrada en vigor de la INT/2323/2011, el 1 de septiembre de 2011, para la obtención del permiso de conducir de la clase A, que habilita la conducción de motocicletas de gran cilindrada -mínima de 600 cc y potencia de 40 kilovatios-, es necesario ser poseedor de un permiso de conducir de la clase A2 con una antigüedad mínima de dos años, y superar un curso formación con una duración de nueve horas lectivas, distribuidas en conocimientos teóricos y prácticos impartidos por las autoescuelas.

Por parte de la Guardia Civil y la Jefatura de Tráfico se ha podido constatar que los cursos no se estaban realizando, expidiéndose a continuación los certificados.

Desde la Guardia Civil remarcan que, aparte de ser una "competencia desleal" en el sector de las escuelas de conductores, esto "afecta de manera grave a la seguridad vial, ya que habilitan a conducir motocicletas de gran cilindrada a personas que no han demostrado que tienen la suficiente pericia, provocando un riesgo elevado de accidentalidad".

Las diligencias de esta investigación han sido entregadas a la Fiscalía de Seguridad Vial de la Audiencia de Sevilla, si bien la operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.