Tras la nevada que colapsó este fin de semana la AP-6 y dejó atrapados a miles de conductores, el Gobierno ha culpado de la situación a la concesionaria de la autopista (Iberpistas, perteneciente a una filial del grupo Abertis),  y le ha abierto un expediente informativo, en tanto que la oposición ha responsabilizado al Ejecutivo y ha pedido la dimisión de alguno de sus miembros.

Hasta el Defensor del Pueblo ha intervenido y, de oficio, ha pedido a los ministerios de Interior y de Fomento información sobre ese colapso, que intuye se produjo por "disfuncionalidades" e, incluso, "imprevisiones".

Mientras, este lunes por la tarde, y convocado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunió el Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicados durante el temporal de nieve que azota la península.

Con la asistencia del responsables de Tráfico, de la Guardia Civil, de Carreteras, de Protección Civil y Emergencias, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la AEMET, el Comité, que presiden los responsables de Interior y Fomento, ha estudiado la aplicación de medidas para flexibilizar, agilizar y reforzar la respuesta cuando se bloqueen carreteras por temporales.

El Comité ha "lamentado" los "inconvenientes sufridos por los ciudadanos", y ha propuesto que organismos como la Dirección General de Tráfico, Protección Civil o la Dirección General de Carreteras puedan acelerar la activación de la UME en casos de bloqueos de carreteras por temporal.

A lo largo de la jornada de este lunes el tráfico fue mejorando en la red viaria, si bien por la noche persistían aún las dificultades a causa del temporal en más de cien carreteras. La nieve ha afectado también a 13.727 escolares de Castilla y León, que se quedaron sin clase.

Durante este lunes se sucedieron las críticas a la gestión del Gobierno, pero también a Iberpistas, que se ha defendido y ha señalado que se aplicó "el protocolo de máximo nivel de actuación" en caso de nevada y que cuando se comprobó que era insuficiente, solicitó el corte de la vía.

No opina así el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que confirmó la apertura del expediente informativo a la empresa concesionaria y se remitió a sentencias del Tribunal Supremo que apuntan a la responsabilidad de las concesionarias en casos similares.

De la Serna insistió en que la concesionaria tiene la obligación de disponer de los medios necesarios y suficientes y de adoptar las decisiones relacionadas con la gestión, y dijo que la orden de cortar y luego reabrir el tráfico "no fue compartida ni se hizo en coordinación con Fomento".

Por su parte, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en una ronda de declaraciones a diferentes radios, quiso matizar sus palabras del domingo, en las que culpaba a algunos conductores por "no enterarse" de las advertencias de no circular con la nevada, y resaltó que no fue culpa exclusiva de ellos, sino una circunstancia más.

En el reparto de culpas a unos y otros, el PP se decantó por responsabilizar a Iberpistas del bloqueo. Su coordinador general, Fernando Martínez Maillo, recordó que los conductores pagan un peaje, que "no es nada barato", con la confianza de poder circular en condiciones de normalidad y seguridad.

PSOE y Ciudadanos solicitaron la comparecencia de Zoido y De la Serna en el Congreso, cámara a la que el primero y Gregorio Serrano quieren acudir, a petición propia, para explicar las circunstancias que dejaron atrapados a miles de coches.

Además, los socialistas exigieron la dimisión del director de Tráfico por su "nefasta gestión" de la nevada, como también lo ha hecho la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha censurado la "improvisación" de la DGT y la falta de agentes.

Podemos, por su parte, quiere que sea Iberpistas quien pague el coste que supuso el rescate de los vehículos y ha instado a Fomento a que se lo exija a la concesionaria.

Para que los usuarios que sufrieron las consecuencias de la nevada puedan recibir una indemnización por los daños sufridos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una acción judicial colectiva.

Precisamente, Antonio Rodríguez, un abogado zamorano que estuvo atrapado durante horas en la AP-6 por la nevada, ha puesto en marcha una plataforma de afectados para plantear la demanda civil correspondiente.

Entre críticas a unos y otros, en lo que todos coincidieron es en felicitar a la Guardia Civil y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por la labor que desarrollaron.