Así, la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que los pasados 17, 18 y 19 de noviembre más de 500 personas llegaron de distintos puntos de África a las costas españolas y señala que hasta siete jueces autorizaron su ingreso en el centro penitenciario Málaga II "a petición de la Brigada Provincial de Extranjería", una vez que el Ministerio "había decidido convertirlo en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) temporal".

En el texto se indica que el Gobierno no ha tenido en cuenta determinadas circunstancias "lo que ha provocado una situación de extrema gravedad ante la que deben exigirse las máximas responsabilidades".

Recuerdan asimismo las advertencias de diversos colectivos sociales acerca de que los inmigrantes sobre los que pesa una orden de expulsión no pueden ser recluidos en un centro penitenciario, según una sentencia del Tribunal Constitucional y que también lo señala la actual Ley de Extranjería en su artículo 26.2.

La PNL refleja que el centro penitenciario Málaga II se constituyó formalmente el 16 de marzo de 2017, cuando se anunció su creación como tal en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero no ha sido inaugurado por "importantes deficiencias", entre las que citan falta de calefacción, de líneas telefónicas e incluso agua potable.

"Todas estas carencias, además de la inexistencia de un plan de evacuación o de un sistema antiincendios la han sufrido los reclusos durante estas semanas", sostienen, recordando también que hasta 300 plazas de funcionarios que iban a trabajar a este centro "han sido retenidas y serían las propias unidades antidisturbios de la Policía Nacional las que estarían haciéndose cargo del centro en su funcionamiento temporal como CIE".

DEFICIENCIAS E INTERNAMIENTO DE MENORES

Se critica el "escaso" despliegue sanitario, que la asistencia letrada "ha brillado por su ausencia" e inciden en que "de la noche a la mañana no es posible convertir un centro penitenciario en CIE, más aún cuando ni el personal ni las instalaciones se adecuan a ello".

La PNL recuerda el internamiento de menores, la intervención en este caso de la Organización de Naciones Unidas e incluso la muerte este mismo viernes de un interno al parecer ahorcado.

"Todo lo expuesto muestra no sólo una dureza y una insensibilidad extremas por parte de nuestro Gobierno ante la llegada de personas sin recursos, debilitados tras haber sobrevivido a un viaje que ponía en juego su vida, sino que también muestra que el ministro de Interior es responsable directo de las graves vulneraciones de derechos humanos", refleja el documento presentado en el Congreso.

Por todo ello, y recordando también que las instancias judiciales "serán las que determinen si las posibles ilegalidades cometidas son tales", han exigido "la máxima responsabilidad política" a Zoido, "que no puede continuar al frente del Ministerio, una institución que debe velar por el respeto a los derechos humanos y no por atentar directamente contra ellos".