La Guardia Civil señala a la número dos de la lista de ERC, Marta Rovira, al expresidente catalán Artur Mas y al resto de miembros del llamado Comité Estratégico como las personas que "diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron" la implantación del plan soberanista.

En un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista, el instituto armado afirma que los integrantes del Comité Estratégico no solo controlaron la implementación de "sus planes para la creación de un estado soberano", sino que también "movilizaron los recursos humanos y materiales para ello".

Se señala al exconsejero de la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639 euros para "financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña". Además, figuran empresas privadas como Unipost y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3.

Este comité, cuyos miembros eran los ideólogos del plan soberanista, apareció mencionado en el documento EnfoCat, intervenido al número dos de Junqueras, Josep María Jové, y considerado la hoja de ruta a seguir tras la declaración unilateral de independencia (DUI).

Lo integraban una veintena de dirigentes independentistas, entre ellos los tres ya mencionados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, los Jordis y sus segundos en ANC y Òmnium, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal o la presidenta de la asociación de municipios por la independencia, Neus Lloveras.

También formaban parte de este comité estratégico la presidenta del Parlament Carme Forcadell, el vicepresidente Lluis María Corominas, el considerado arquitecto jurídico de la independencia, el jurista y exvicepresidente del TC Carles Vive Pi i Sunyer, o la exvicepresidenta de la Generalitat Neus Munté.

La CUP, además de Anna Gabriel, tenía como representantes a la portavoz Núria Gibert, dos diputados -Mireia Boya y Joaquim Arrufat- y el alcalde de Argentona Eudald Calvo, entre otros.

"Todos ellos fueron copartícipes de diseñar la estrategia que debía conducir a la independencia", afirma el informe.

La Guardia Civil encuadra a otro grupo de personas en "un segundo nivel de importancia" dentro del Comité Ejecutivo, encargado de poner en marcha el plan de independencia, y que "resultaron fundamentales para ejecutar las normas de desconexión y llevar a cabo el referéndum del 1-O planeados desde el Comité Estratégico".

Se trata de todos los consejeros de Puigdemont y "muy posiblemente" de "los responsables civil y policial de los Mossos d'Esquadra, César Puig y Josep Lluís Trapero", ex secretario general de Interior y exmayor del cuerpo policial autonómico.

La Guardia Civil incluye a estos dos últimos porque, junto al exdirector de los Mossos Pere Soler, "constituían la cúpula de un cuerpo policial que se consideraba estructura del Estado y del que resultaba imprescindible su control para no dar al traste con los planes de celebración del referéndum".

Todos los integrantes de estos dos comités "se aprovecharon de sus posiciones dentro del gobierno" para financiar y sustentar "las estructuras del estado" y las actuaciones necesarias para lograr la independencia, "incumpliendo de forma generalizada las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales".

Para ello, se calcula por el momento que gastaron más de medio millón de euros, cantidad que aún está por determinar, según la Guardia Civil, que apunta a que todos ellos contribuyeron en "la redacción y aprobación del marco pseudolegal de desconexión y la búsqueda de conflicto social, económico y judicial y la estrategia de desobediencia".

"Es indudable que ha existido una simbiosis absoluta y una unidad de acción y ejecución plena e inescindible entre todos los actores independentistas en los últimos años" y que comenzó durante el Gobierno de Artur Mas cuando se celebró el referéndum del 9-N, concluye el informe.

La Guardia Civil incluirá las Diadas celebradas en Barcelona desde 2013 en la lista de movilizaciones utilizadas por los exGovern de Artur Mas y Carles Puigdemont y las asociaciones independentistas con el fin de "alentar a las masas" contra lo que entendían como "opresión de la justicia española".

El organismo considera necesario incluirlas en la investigación ya que "por su relevancia pueden ayudar a entender la entidad del desafío independentista".

La Guardia Civil enmarca en una "estrategia de tergiversación" las afirmaciones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Rovira de que el Estado español quería "muertos en Cataluña" para evitar la independencia.

La Guardia Civil sostiene que el gobierno catalán urdió una "organización concienzudamente diseñada" para que se celebrara el referéndum del 1-O, que "se fortaleció con el apoyo de ANC y Òmnium", quienes alentaron a los ciudadanos a ocupar los centros de votación y a montar "colas gigantes", así como a no enfrentarse con los Mossos.

En opinión de la Guardia Civil, "bajo esa apariencia de pacifismo lo que se estaba haciendo era un llamamiento a la desobediencia general", de forma que la "masa ciudadana quedase sin control directo, con los peligros sobradamente conocidos y conscientemente buscados que ello extraña".

"Y precisamente en esa estrategia de desobediencia y tergiversación de la realidad, conviene recordar las acusaciones contra el Estado de Carles Puigdemont y Marta Rovira afirmando que se querían muertos, cuando habían sido los actores independentistas quienes alevosamente habían provocado la situación", mantiene la Guardia Civil en su informe.