Las elecciones se ganan en las urnas, claro, aunque se empiezan a disputar mucho antes: más de cinco millones y medio de catalanes están llamados a votar este jueves, pero las candidaturas llevan semanas batallando en los despachos para no verse perjudicadas por la cobertura de los medios de comunicación públicos, la presencia de símbolos asociados a rivales u oportunistas que intentan robarle un puñado de papeletas gracias a la confusión de los electores.

El órgano que resuelve en última instancia todas las reclamaciones de los candidatos y sus partidos es la Junta Electoral Central, que se ha reunido en diez ocasiones desde que se convocaran las elecciones autonómicas el pasado 27 de octubre. Por debajo están las juntas provinciales y de zona (14 en la provincia de Barcelona, seis en Girona, otras tantas en Lleida y cinco más en Tarragona), a las que se acude en primera instancia y cuyas decisiones pueden recurrirse ante la junta central.

Así pues, muchas de las reclamaciones no llegan a escalar hasta la Junta Electoral Central y quedan zanjadas en un ámbito territorial inferior. Así sucedió, por ejemplo, este martes, cuando la Junta Electoral Provincial de Barcelona dio la razón a Ciudadanos frente al PSC y avaló que pueda colocar la bandera española y la senyera en la fachada del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), gobernado por los socialistas, que habían considerado "partidista" esa acción.

El empleo de determinados símbolos por parte de candidatos o miembros de mesas es, precisamente, una cuestión recurrente en los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC), que también ha resuelto quejas relacionadas con la cobertura de los medios de comunicación públicos. El voto por correo, los avales para poder concurrir a los comicios y la presencia de candidatos en prisión han sido otros de los temas que ha abordado la Junta en las últimas semanas y que repasa 20minutos:

En su reunión del 13 de noviembre, la JEC dio por constituidas cinco coaliciones. Se trataba de Catalunya en Comú-Units Podem, ERC-Catalunya Sí, Junts per Catalunya –la candidatura impulsada por Carles Puigdemont es, formalmente, una coalición entre el PDeCAT y Convergència (CDC)– y dos más prácticamente desconocidas: Recortes Cero-Grupo Verde –que se ha presentado a las elecciones en otras ocasiones– y Unidos y Socialistas+ por la Democracia, recién creada.

Apenas cuatro días después, la JEC aceptó la rectificación en el nombre de la coalición de los comunes y Podemos, que pasó a ser Catalunya en Comú-Podem, decisión que recurrió Unidos y Socialistas+ por la Democracia, que pretendía además que los comunes tuvieran que recoger avales para poder concurrir el 21-D. La JEC rechazó esos recursos, y también una queja del PSC para que se anulara esta desconocida coalición por "copiarle" el nombre: la Junta argumentó que el término "socialista" es de uso común y no patrimonio exclusivo del PSC, y que estableció que no hay un "riesgo relevante de confusión" entre PSC y la otra lista.

Finalmente, este martes, la JEC informó de la retirada, a petición propia, de las listas de Diáleg Republicà, una marca blanca que en su día inscribió ERC para cubrirse las espaldas en el caso de ser ilegalizada, y en cuyas planchas figuran militantes de ERC y su organización juvenil, las JERC.

La JEC ha tenido que resolver hasta seis quejas relacionadas con la presencia de lazos amarillos y banderas. A petición del PSC, estableció por ejemplo que "ni en los locales electorales ni en sus inmediaciones" se podrá realizar propaganda y que los miembros de las mesas no pueden llevar el lazo amarillo que, como recordaban los socialistas, "promueven entidades nacionalistas y determinadas partidos políticos". Tampoco pueden portarlo los interventores ni los apoderados, según esta resolución de la junta, que dat del 24 de noviembre.

En respuesta a posteriores consultas y reclamaciones, la JEC extendió esa prohibición de portar el citado lazo a los funcionarios consulares y representantes políticos que acudan a las sedes en el extranjero donde se deposita el voto en urna para las elecciones de este jueves. Sobre banderas, estableció que durante los periodos electorales los poderes públicos no deben colocar enseñas en espacios públicos si pueden ser identificadas con alguna de las candidaturas que participan en las elecciones.

Finalmente, la JEC tramitó los recursos interpuestos por los ayuntamientos de Solsona y Alcarràs –dos municipios leridanos gobernados por ERC–, que pedían mantener en sus fachadas banderas esteladas, un cartel pidiendo la libertad de los "presos políticos" y lazos amarillos en lugares públicos. La administración electoral, como era de esperar, les respondió que no podían hacerlo y que estaban obligados a "mantener estrictamente la neutralidad política".

Precisamente Esquerra presentó otro recurso ante la JEC para "asegurar el derecho" de su candidato, Oriol Junqueras, en prisión desde noviembre, a "participar en condiciones de igualdad" en la campaña electoral. La Junta le respondió que esa cuestión era competencia exclusiva del magistrado instructor de la causa que afecta a Junqueras. Misma respuesta dio la JEC a un recurso de Junts per Catalunya donde se solicitaba garantizar el derecho de "todos" sus candidatos, entre los que figura Carles Puigdemont, en Bruselas, a participar en la campaña.

La JEC ha ampliado en varias ocasiones el plazo para depositar el voto por correo y en urna en el extranjero para las elecciones de este jueves. La última ampliación se produjo este mismo martes, cuando aceptó la petición del PP y acordó ampliar el tiempo para depositar la papeleta en las oficinas de Correos hasta las 14:00 horas del mismo martes. En cuanto al voto en urna en el extranjero, la semana pasada resolvió, a petición de Junts per Catalunya, ampliar el plazo hasta las 20:00 horas del jueves 21 de diciembre, en lugar de cerrar el plazo el martes 19.

ERC presentó una consulta para saber si las papeletas deben estar colocadas en un determinado orden en los colegios electorales. La JEC le respondió que la legislación no establece regla alguna y que, para emplear una norma "objetiva y uniforme", el orden deberá responder, como es costumbre en elecciones anteriores, al "orden de proclamación de las candidaturas".

Entre las múltiples circunstancias excepcionales que se dan este 21-D figura el hecho de que las elecciones sean entre semana. Muchos de los puntos de votación son centros escolares, por lo que la JEC tuvo que pronunciarse el pasado 24 de noviembre sobre la posibilidad de dar clase en esos colegios mientras se vota. ¿Y cuál es la respuesta? Que no. El motivo es que el artículo 13.6 del Real Decreto 605/1999 establece que "en el supuesto de que el día fijado para la celebración de elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente".

La JEC también precisó que tanto los presidentes de las mesas como los responsables de los centros docentes y de los establecimientos públicos o privados que se utilicen como local electoral deberán tomar cuantas medidas sean necesarias para asegurarse de que nadie entorpece el desarollo de la jornada y de que solo acceden a los puntos de votación los electores, los miembros, representantes, apoderados o interventores de las candidaturas, los notarios, los miembros de las juntas electorales, los jueces de instrucción y las personas encargadas de transmitir los resultados del escrutinio.

Uno de los capítulos que genera más quejas es la información de los medios públicos. Hasta nueve reclamaciones ha atendido la JEC a este respecto: cuatro del PP, dos de Ciudadanos, dos de RTVE, una de la Corporaciò Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) –la corporación de medios públicos catalanes– y una última de Solidaritat per la Independència.