Durante las jornadas se han desarrollado seis ponencias en las que diversos profesores han ofrecido un panorama claro, concreto y práctico sobre cómo los ayuntamientos deben de prepararse para la aplicación de la ley a partir de marzo. Se han dirigido tanto al personal de Diputación como a empleados públicos y representantes políticos de los distintos ayuntamientos.

Su objetivo es dar a conocer la regulación de la contratación pública, ya que es un proceso que requiere una especialización muy avanzada para que los ayuntamientos se organicen para los cambios, elaboren unos nuevos pliegos, se preparen para la contratación electrónica, adopten las nuevas medidas de transparencias y diseñen licitaciones con objetivos medioambientales y sociales, algo que contempla como novedad la futura ley.

Las jornadas han sido inauguradas por el diputado de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, que ha señalado que "la contratación pública ha entrado en una nueva era" en la que se están superando las licitaciones clásicas para considerar la contratación como una herramienta de gobierno.

Con la llegada de la nueva ley, la contratación se verá sometida a unos procedimientos muy exhaustivos en los que los empresarios deben de acreditar solvencia y ser muy competitivos respecto de las ofertas que plantean.

Uno de los principales objetivos de esta nueva ley es lograr una mayor transparencia, por lo que se endurecerá el procedimiento para decidir cuáles van a ser las ofertas que van a ser finalmente adjudicatarias.

Entre las novedades que la nueva Ley de Contratación contempla destacan: el diseño de un procedimiento abierto simplificado más ágil, el endurecimiento del régimen del contrato menor y la imposición de nuevas obligaciones de publicidad para este tipo de contratos.

Por último, se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía, es decir, la practica generalidad de procedimientos de adjudicación van a estar sometidos a convocatoria pública.

Además de estos cambios, se fomentará el acceso de las pymes a los contratos públicos y en consonancia con ello, la simplificación de la documentación que hay que aportar para participar en licitaciones públicas, es decir, las cargas burocráticas que tienen los empresarios para contratar con la administración se verán reducidas.