Tribunales.- El juzgado ratifica la condena en costas para la acusación de Hiconsa por importe de 478.749 euros

  • El Juzgado de lo Penal número uno de Huelva ha desestimado la impugnación formulada por el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), como acusación particular y por el actual alcalde de la alcalde de la localidad, el independiente Juan Polo (ICAR); el que era portavoz de IU, Miguel Ángel Gea; el del PP, Juan Manuel Guerrero, y del PA, Antonio Carro, quienes actuaron en el proceso del caso Hincosa, condenándolos a pagar 478.749 euros, relativo a las costas y partidas de todos y cada uno de los letrados que actuaron en el proceso como defensores de los acusados.
Fachada del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva).
Fachada del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva).
EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE CARTAYA/Archivo
Fachada del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva).

Este caso se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA de Cartaya, personados como acusación popular, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.

No obstante, en marzo de 2011 la Audiencia Provincial de Huelva ratificó la sentencia absolutoria del exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán, de su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como de la mujer de éste, de un arquitecto y del administrador de la empresa Hiconsa al considerar que el convenio urbanístico acordado con la empresa es "legal, era procedente, y la selección de esta empresa no fue arbitraria".

Según reza en el auto judicial, consultado por Europa Press, en concreto, el Ayuntamiento, gobernado en la actualidad por Juan Polo tras un pacto con PP y PA, tiene que pagar la suma de 239.374 euros y casi 60.000 cada uno de los acusados, además del pago de las costas originadas por este último recurso al suponer "trámites excesivos" en la causa.

En la sentencia absolutoria, el juez consideró que la tasación del terreno "cumple los requisitos legales" y está "ajustada" a los precios de mercado del momento, frente a la tasación presentada por la acusación que se valoró como "irreal".

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