El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto que desarrolla y amplía el marco normativo para el uso de aeronaves pilotadas por control remoto, conocidas como drones, que permitirá su utilización en entornos donde hasta ahora no era posible como el sobrevuelo en inmediaciones de edificios, poblaciones y reuniones de personas al aire libre y en vuelos nocturno, para adaptar su regulación al "emergente" crecimiento del sector.

Los profesionales podrán volar sobre poblaciones, personas, en espacio aéreo controlado y de noche, tras presentar un estudio de seguridad y con autorización previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

También se permiten operaciones en espacio aéreo controlado, aunque en este caso, se precisarán requisitos de formación del personal y de los equipos, así como un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con el proveedor de servicios de tránsito aéreo y la previa autorización de la AESA.

La nueva regulación aprobada, que sustituye al contenido de la Ley 18/2014, permite una operativa más extensa y flexible, garantizando "siempre la seguridad de las operaciones" e "impulsando así el crecimiento de un segmento emergente, íntimamente ligado al desarrollo y a la innovación tecnológica", según Fomento.

Para ello, el nuevo marco contiene medidas relativas al uso recreativo de los drones, estableciendo una serie de limitaciones destinadas a garantizar la seguridad del espacio aéreo y de la ciudadanía.

Durante el primer trimestre de 2018, Fomento complementará el nuevo marco con la publicación del 'Plan Estratégico de Drones', que permitirá definir de forma transversal los ejes y las líneas de actuación para potenciar al máximo este segmento de la industria en España.

Casi 3.000 operadores, 3.693 pilotos y 4.283 drones están registrados en España, según datos de la AESA, que ponen de manifiesto la creciente relevancia de esta actividad. Además, existen 74 escuelas de formación y una veintena de fabricantes en nuestro país que se dedican a este segmento.

La norma vigente hasta ahora, aprobada en 2014 con carácter temporal, establecía unos requisitos mínimos para la operación con drones pero no abarcaba toda la casuística de potenciales actividades que el propio sector ha venido planteando durante los últimos meses.

Asimismo, establece las condiciones que deben cumplir las organizaciones de diseño, fabricación y mantenimiento de este tipo de aeronaves, así como los requisitos de formación para su pilotaje.

El pasado mes de noviembre la Unión Europa y el Parlamento Europeo cerraron un principio de acuerdo para establecer las primeras reglas comunes para el uso civil de drones en la Unión Europea, con exigencias mínimas en materia de seguridad y protección de datos y un registro de drones.

La tecnología que se aplica a los drones de uso civil podría alcanzar un nicho de mercado del 10% en la aviación de la Unión Europea en los próximos diez años, es decir, sumar unos 15.000 millones al año. Bruselas calcula que esta industria podría crear unos 150.000 empleos en la UE de aquí a 2050.