Para rechazar el caso, el Pleno de la Sala de lo Penal argumentó que Castro, de 81 años, sigue siendo jefe de Estado, lo que impide a los tribunales españoles juzgarle.
El caso fue presentado por un grupo disidente cubano que acusaba al convaleciente Castro y a su ex ministro de Turismo Osmani Cienfuegos de responsabilidad por la muerte de unos hombres que deberían haber sido protegidos como prisioneros.
La demanda se basaba en el reconocimiento de la jurisdicción española para investigar delitos de genocidio registrados en el extranjero.
Los nueve hombres murieron asfixiados cuando fueron encerrados en un camión sin ventilación diseñado para transportar mercancías tras ser tomados como prisioneros durante la fallida invasión de exiliados cubanos, que contaba con el respaldo de Estados Unidos.
Castro entregó el poder temporalmente a su hermano Raúl hace 16 meses tras una operación estomacal y no ha vuelto a ser visto en público desde entonces.
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