El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga acoge este jueves la última sesión del juicio, en la que las acusaciones -fiscal y Junta de Andalucía- han expuesto sus conclusiones definitivas y han retirado la responsabilidad que inicialmente achacaban a Romera, al exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón, la que fuera tesorera de la fundación y una funcionaria.

Estas cuatro personas, tras esta retirada de acusación, han abandonado la sala y serán absueltas en la sentencia que dicte la jueza. Siguen procesados el exsecretario general de Universidades Francisco Triguero y un funcionario de dicha Secretaría General, aunque las acusaciones han rebajado la petición de pena de cárcel solicitada para ambos.

Así, ahora, se solicita un año de prisión -antes era tres años- y siete de inhabilitación para cada uno de los dos procesados que siguen en la causa por los delitos de fraude de subvenciones y prevaricación.

Esta causa gira en torno a las subvenciones solicitadas desde la Fibic, que se constituyó en 2007, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA un centro de investigación denominado Cibic, para lo que recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía.

La adjudicación de las obras del edificio se produjo en diciembre de 2008, pero en 2010, según la acusación pública, la Intervención General del Estado hizo un informe sobre la certificación de gastos, en el que proponía descertificar el importe de ayudas; apuntando el fiscal a la "grave situación" económica de la fundación por dichos expedientes y la paralización de las obras por la constructora, por lo que se tramitaron varias subvenciones ante la Junta.

El director del PTA declaró en el juicio que la fundación entregó "toda la documentación" a la Junta para las ayudas, en contra de lo que sostenían las acusaciones de que se ocultaron datos de otras subvenciones anteriores. "La Fundación entrega toda la documentación y la Junta luego hace lo oportuno con esa documentación", sostuvo, apuntando que "en la memoria económica que yo recibo está toda la documentación".

Además, incidió en que su actuación fue por "la responsabilidad moral" de ayudar y por "compromiso público", explicando que cuando entró en el patronato de dicha fundación su objetivo era dar "una solución con el menor desembolso posible" a la situación financiera de la entidad, con un edificio "a medio construir" y una empresa que no podía seguir la ejecución, además de que la Intervención General del Estado había pedido el reintegro del importe de unas ayudas concedidas.

Por su parte, el exsecretario general de Universidades del Gobierno andaluz aseguró que la última subvención solicitada de 15,5 millones se revocó por lo que la fundación "no ha recibido dinero alguno" y ha afirmado que cuando se pensó en esa solución de pedir una ayuda económica excepcional para "cubrir un hueco" en la financiación del centro y retomar la actividad de la fundación "en ningún momento se pensó que podía causar daños a los intereses de la Junta".

En su declaración, Triguero mantuvo que "en ningún caso hubo intención de ocultar datos a la Intervención", apuntando que ésta "tenía conocimiento de las ayudas recibidas" por otras solicitudes previas en las que aparecía, reconociendo un interés de la administración en que saliera adelante el proyecto "pero no fuera de la ley" y negó que él tuviera un empeño personal fuera de derecho en ello y que influyera en los funcionarios.