Así lo ha indicado, en declaraciones a los periodistas, el portavoz del equipo municipal de gobierno, Baldomero Oliver (PSOE), quien ha señalado, en base a un informe de Emucesa, que el consejo de administración habría de valorar también el "perjuicio" económico que estas contrataciones, realizadas cuando la compañía aún era pública, pudieron suponer, y sus efectos en la decisión del PP de "vender la mitad de la empresa".

Baldomero Oliver ha pedido al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, y a los concejales de su grupo municipal que asuman sus "responsabilidades políticas", más allá de que, de si las contrataciones pudieran tener alcance penal, el Ayuntamiento las pondría en conocimiento de la justicia.

Según Oliver, "el PP del señor Sebastián Pérez ha utilizado el Ayuntamiento de Granada y sus empresas como si fueran de propiedad particular para su interés y beneficio, a veces a costa" de los de la ciudad.