Según ha recogido en un comunicado el Consistorio, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha asegurado que Cort lidera a nivel estatal "una cuestión tan importante como que el dinero público de la gente se destine a reinserción socio-laboral, mejora de medioambiente y a tener una ciudad más querida".

"Quiero felicitar a la concejalía y dejar claro que somos un referente y que esto es un antes y uno después; que el Ayuntamiento haya cambiado en tan poco tiempo es un tema de orgullo", ha manifestado el alcalde.

Del los 35 expedientes de contratación que se han realizado durante el último año en el Ayuntamiento, por un importe de 19,3 millones de euros, 23 contratos cumplen las cláusulas sociales, medioambientales o lingüísticas.

Por su parte, la regidora de Función Pública y Gobierno Interior, Aurora Jhardi, ha recordado que en octubre de 2016 se implantaron las cláusulas sociales para responder al mandato de la Unión Europea en materia de contratación.

Igualmente, Jhardi ha aclarado que en noviembre se aprobó la norma estatal que entrará en vigor en marzo de 2018. "Este Ayuntamiento se avanzó a la filosofía", ha dicho y ha remarcado que "la normativa establece procedimientos más simplificados, reduce los contratos menores y refuerza el expediente de contratación mediante la obligación de incluir un informe que motiva los contratos".

La regidora ha explicado que uno de los retos de la contratación pública es abrir la contratación a las pequeñas y medianas empresas puesto que son "las que sustentan la economía del estado".

Además, Jhardi ha explicado que el contrato de semáforos de Movilidad o el de la Cabalgata de Reyes de Participación Ciudadana se han hecho con lotes por primera vez. Igualmente, ha destacado que el contrato del IMI "emplea una fórmula innovadora como es el diálogo competitivo".

En cuanto a las cláusulas más empleadas la regidora ha concretado que han sido la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la calidad y responsabilidad fiscal y laboral, medidas de conciliación social y laboral, planes de formación, productos de kilómetros cero y comercio justo y la tendencia a nivel ambiental de contratar y comprar coches híbridos.

El Ayuntamiento, además, constituyó este lunes una comisión de cláusulas sociales para hacer un control real de la ejecución de los contratos.