En concreto, se refiere a la disposición transitoria 14 de la mencionada normativa, que fue aprobada con el apoyo de PP y PSIB pese a los votos en contra de Podemos y MÉS.

En un comunicado, el GOB ha criticado la Ley de Urbanismo aprobada hace una semana y ha advertido de que "no han sido medidas" sus consecuencias.

Según el GOB, "el aspecto más polémico ha sido la legalización de las urbanizaciones ilegales de la familia Matutes en Sant Josep - Platja d'en Bossa", puesto que "afecta a cerca de un millón de metros cuadrados que se recalificarán".

Al respecto, el GOB ha censurado que con esta disposición "la ley posibilitará saltarse la sentencia del TSJIB" que dejó estos terrenos como rústicos.

Además, la entidad ha alertado de que "el suelo urbano consolidado tiene áreas de transición para posteriores crecimientos y computa de base para clasificar nuevos urbanizables y por tanto, hacer crecer las urbanizaciones". Aparte, hay "proyectos de obra, valorados en millones de euros en los que ahora que ahora no se podía invertir porque el suelo era rústico".

"IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA"

Los ecologistas han calificado como una "irresponsabilidad política" sacar adelante la enmienda "sin valorar los efectos y consecuencias que ésta puede tener al margen de los terrenos afectados a la carta".

El GOB se ha referido a sectores en Cala Tarida, los núcleos aislados de Can Llaudis, Can Parent, Cap Negret, Can Tomàs, Cala Gració, sa Talaia; Monport i Biniorella (a Andratx), Pinares de Bonaire (a Alcúdia), el sector urbanizable 7 de Canyamel (Capdepera) o el sector T2 del Port es Canonge (Banyalbufar).

Según el GOB, estos terrenos fueron desclasificados por las Directrices de Ordenación del Territorio, "y por tanto, actualmente están clasificados como rústicos", pero sus planeamientos no están adaptados a estas directrices y por tanto "constan todavía como urbanizables".

La entidad ha explicado que en estos terrenos se han ido desarrollando urbanizaciones "de manera irregular", actualmente consolidadas en más de un 90% y que disponen de servicios urbanísticos, de modo que cumplen las condiciones "para pasar a ser considerados directamente urbanos vía Ley".

"Incluso nos podemos encontrar en terrenos posteriormente desclasificados por la Ley 4/2008 de medidas urgentes de protección del territorio, que también se podrían recuperar vía la disposición transitoria 14", han apostillado, citando el caso de Bunyola, cuyo plan general fue redactado al amparo de la Ley del Suelo de 1956 "en el que, prácticamente todo el suelo rústico no protegido, está clasificado como urbanizable".

Por todo ello, el GOB ha reprochado que se "premie" a los municipios "que tienen planeamientos que no han sido ni revisados adaptados a la normativa". Según los datos de la entidad ecologista, en Mallorca sólo 26 de los 54 municipios están adaptados a las directrices de ordenación del territorio.

Así, ha pedido a PSIB, MÉS y Podemos que "actúen con responsabilidad" y "no den continuidad ni amparen una ley que pretende utilizar el urbanismo para legalizar la especulación y premiar las malas praxis urbanísticas".