El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este lunes que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha "intensificado" los "chantajes" a alcaldes a los que amenaza con no conceder inversiones o subvenciones si no apoyan el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio.

Así lo ha asegurado Tudanca en rueda de prensa tras la celebración de una Comisión Ejecutiva Autonómica del PSCyL en la que ha destacado que ha animado a los dirigentes socialistas a dedicar "todo el trabajo" del próximo año y medio a la "oportunidad" de lograr un cambio político en la Comunidad que "devuelva la esperanza" a los castellanoeloeneses.

Dentro de ese trabajo, ha asegurado el dirigente socialista, tiene un peso importante la posición ante la financiación de las administraciones locales y la ordenación del territorio, que protagonizarán una serie de propuestas que planteará este martes en el Pleno de las Cortes.

En este sentido, ha asegurado que va a exigir que "acabe el chantaje" del PP con la ordenación del territorio, pues ha asegurado que se han "intensificado" situaciones en las que la Junta amenaza a alcaldes de la Comunidad con retirar subvenciones, inversiones y financiación si no apoyan la propuesta de Ordenación del Territorio, a la que ha definido como "el juguete de Pica", en referencia al apelativo coloquial de De Santiago-Juárez.

"Un vicepresidente de la Junta de Castilla y León debería tener un poco más de respeto democrático a las instituciones y a los alcaldes que han sido elegidos por los ciudadanos de manera directa, no como él", ha recalcado Tudanca.

El secretario regional socialista ha incidido en que De Santiago-Juárez amenaza a los alcaldes que acuden a la Consejería de la Presidencia con retirarles financiación y ayuda, o no ejecutar inversiones previstas si no se aprueba la Ordenación del Territorio y ha aseverado que un caso es el del centro de salud de Nueva Segovia, ya comprometido, pues ha afirmado que no se ejecutará si no se aprueba el proyecto de ordenación.

Todo ello se debe, ha enfatizado, a que De Santiago-Juárez "no quiere dejar la vida política, que le queda poco, sin su juguetito aprobado", para lo cual entiende que "toma como rehenes" a los ciudadanos. De hecho, ha defendido que conoce "decenas" de alcaldes, procuradores y dirigentes del PP que no quieren que se apruebe la propuesta.

Asimismo, ha insistido en el aspecto de la financiación local, pues considera que no se entiende que si Castilla y León es la Comunidad Autónoma con más municipios "no se oiga la voz" de la Junta para "exigir de una vez por todas que además de una financiación autonómica haya una mejora sustancial de la financiación local".

Por ello y para garantizar que las administraciones más cercanas sean capaces de prestar servicios públicos "con la calidad y la igualdad que merecen los ciudadanos", reclamará mañana al presidente Herrera que se de un mayor margen de participación a los ayuntamientos en los ingresos de la Junta, o que cofinancie el 100 por ciento de los servicios de competencia autonómica, que actualmente prestan las entidades locales, "como las escuelas infantiles y los servicios sociales", o que financie adecuadamente las mancomunidades.

También pedirá que se acabe con la "discrecionalidad del reparto de fondos y la condicionalidad", algo que permite los "chantajes" de los que acusa a la Vicepresidencia de la Junta. "No puede utilizar recursos de todos los castellanoleoneses para estrategias partidistas, tiene que haber criterios", ha defendido, pero ha lamentado que el PP "parece no haber aprendido nada".

Para mejorar estas situaciones así como otras muchas, los integrantes de la Comisión Ejecutiva Autonómica se han comprometido a aportar "todo el trabajo" del próximo año y medio, que será "apasionante", para aprovechar la "oportunidad" de cambiar el Gobierno de la Comunidad y "devolver la ilusión" y el "estado del bienestar" a los ciudadanos.

Castilla y León, en opinión de Luis Tudanca, "sufre" desde hace tiempo un Gobierno "agotado e incapaz de dar soluciones en el campo o la minería o para revertir las dramáticas cifras de despoblación".