CHA busca en el pleno de la DPZ instar al Gobierno central a resolver el conflicto de examinadores de tráfico

  • Chunta Aragonesista (CHA) defenderá en el próximo pleno de Diputación de Zaragoza (DPZ) una propuesta para que el Gobierno central ponga punto final al conflicto de los examinadores de tráfico. Desde junio, estos trabajadores están llevando a cabo unas jornadas de paro todos los lunes, martes y miércoles, que han ocasionado el aplazamiento de más de 200.000 pruebas en toda España, de las que casi 10.000 han tenido lugar en la provincia de Zaragoza, donde cada semana se aplazan más de 450 exámenes.

"Las principales damnificadas son las autoescuelas, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, y que están sufriendo pérdidas económicas por las que se están viendo obligadas a despedir a parte de su personal administrativo y docente, además de producirse ya el cierre de una autoescuela en Zaragoza", ha afirmado el diputado de CHA en DPZ, Bizén Fuster.

Las reivindicaciones de estos examinadores comprenden una mejora salarial a través de un complemento específico de 240 euros, que compense los riesgos de amenazas y agresiones de su labor, así como rebajar el número de exámenes diarios de 13 a 12, para de esa forma dedicar a cada aspirante el tiempo necesario para valorar su aptitud y destreza al volante. También los alumnos están resultando perjudicados directamente, ya que en la mayoría de casos les urge tener el permiso de conducir por cuestiones laborales o porque les va a caducar en breve la aprobación de su examen teórico, establecida en dos años.

"Con tanto aplazamiento, poder examinarse ahora se ha convertido en un privilegio, con la presión añadida de que si no se aprueba pueden pasar semanas o meses hasta que vuelva a tener otra oportunidad, y las estadísticas indican que menos de un tercio de los alumnos aprueban el permiso de conducir en el primer intento ", ha afirmado el diputado de CHA, Bizén Fuster.

SERVICIOS MÍNIMOS

El ministro de Interior, de quien depende la Dirección General de Tráfico, ha decretado servicios mínimos del 50 por ciento durante el mes de diciembre en todas las jefaturas de tráfico de España, pero esto no resuelve el problema ni de los profesores ni de los damnificados.

"La falta de voluntad política del Gobierno central, que ha tenido una actitud contemplativa ante este problema, ha alargado en exceso un conflicto que está ocasionando un importante impacto económico, y que se hubiese evitado si la Dirección General de Tráfico hubiese atendido las demandas de estos profesionales, algo a lo que se comprometió en el año 2015 y nunca cumplió, siendo que sólo necesita 2,5 millones de euros para cumplir su compromiso", ha concluido Fuster.

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