Así, en una moción que llevarán la próxima semana a la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo de la institución, señalan que, según datos del Ministerio de Hacienda sobre la provincia de Málaga, en septiembre había 16 municipios y una mancomunidad que tardaron en pagar a sus proveedores más de 100 días de media, es decir, que superaron los tres meses.

En este punto, ha indicado que la Diputación de Málaga, en algunos meses, ha pagado a proveedores incluso en 73 días, como sucedió el pasado mes de septiembre. Según los datos aportados a Europa Press, de enero a septiembre se superaron los 30 días establecidos como máximo legal, oscilando entre los 31,43 de enero a 52,68 de octubre, 69,50 en agosto, 39,29 en marzo o 51 en abril, por ejemplo.

Los diputados de Cs Gonzalo Sichar y Teresa Pardo han lamentado también que en los documentos que están accesibles para la ciudadanía sólo se refleja el periodo medio de pago mensual en relación con el máximo legal de 30 días "y donde dice 17 días realmente se refiere a 47 días". Por ello, han instado al equipo de gobierno a incluir en las citadas tablas una columna con el periodo real en días pagados "para que la información sea más clara para los ciudadanos".

ORGANISMOS DEPENDIENTES

Estos plazos medios se superan algunos meses en los organismos dependientes de la institución supramunicipal, como sucede en el Consorcio Provincial de Bomberos, donde sólo en junio se cumplió y se bajó de loso 30 días, concretamente se pagó en 28,81 días. El mes con más retraso medio fue enero, con 69,09.

En el caso del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, según Ciudadanos, el periodo medio de pago a proveedores fue menor a 30 días en julio, septiembre y octubre, siendo en el resto de meses superior al mes.

En el Patronato Provincial de Recaudación el periodo medio de pago a proveedores se situó en enero en 29,82 días, siendo superior en el resto de meses, con septiembre como el más tardío, con 72,72. En el Consorcio Provincial del Agua, sin embargo, fueron cinco los meses en los que se pagó a tiempo, por debajo de los 30 días. Los que más se tardó fue agosto y septiembre, con 47,11 de media.

Por todo ello, los diputados de Ciudadanos reclaman al equipo de gobierno que tomen las medidas oportunas para que la institución y sus entes dependientes cumplan con el periodo medio de pago a proveedores establecido por la ley a la mayor brevedad posible.

Igualmente, lamentan que muchos de los pequeños empresarios siguen teniendo dificultades económicas derivadas de los "dilatados periodos de pago" a proveedores de muchas empresas, incluso de las administraciones públicas. Aspecto que, en ocasiones, obliga a las citadas pymes a cerrar "por no poder soportar la carga que esto supone en su tesorería".

"Si las administraciones cumplieran con el periodo medio de pago establecido por ley, podríamos dar mucho oxígeno a los empresarios de nuestra provincia y el tejido empresarial se vería reforzado. Si, además, consiguiéramos que las grandes empresas redujeran sus periodos medios de pago a proveedores, la repercusión en los pequeños empresarios de la provincia sería muy importante", han opinado.

Por ello, han reclamado al equipo de gobierno que condicione las ayudas directas de la Diputación a otras administraciones a la reducción del periodo medio de pago a proveedores en aquellas que incumplan los 30 días.

Igualmente, Sichar y Pardo han solicitado al PP que pida a todas las entidades receptoras de ayudas o subvenciones de la Diputación concedidas a partir de enero de 2018 el pago a proveedores vinculados al objeto de la ayuda en un plazo máximo de 60 días.

En este sentido, han apuntado que en la justificación de las mismas se incluya una tabla resumen en la que se especifique para cada proveedor, la fecha de emisión de la factura y la fecha del pago; además de los justificantes correspondientes.

Los diputados de la formación naranja han subrayado que este último año "se han dado pasos importantes" con medidas recogidas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. "Han sido impulsadas por Ciudadanos, trabajamos para favorecer la actividad de los autónomos y de las empresas más pequeñas, para aumentar la seguridad en el cobro de sus trabajos y en reducir sus cargas administrativas y fiscales", han finalizado.