Así, ante "las graves carencias en la administración de justicia que sufre Huelva", el partido reclamará a la institución provincial que eleve esta reivindicación al Ministerio de Justicia, así como que la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía también la haga suya para que pueda convertirse en una realidad y "acabar con el grave colapso judicial que sufre Huelva".

Al respecto, el portavoz de IU en la Diputación Provincial, Pedro Jiménez, ha recordado que, "con fecha de abril de 2016, el Defensor del Pueblo Andaluz emitió una queja de oficio ante los graves retrasos en los Juzgados de lo Social en Huelva". En la misma, explica la nota, el Defensor del Pueblo Andaluz alertaba de la "continua y progresiva" recepción de escritos de queja, enviados por usuarios de la justicia y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, que presentaban en sus reclamaciones "numerosas y variadas quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía y con especial singularidad sobre los problemas en las actuaciones de los Juzgados de lo Social de Huelva".

Todos los casos, señalados por el Defensor del Pueblo a título de ejemplo, reflejan una situación que, "lejos de mejorar en el último año, se ha visto agravada hasta el punto de constatarse señalamientos para juicios diferidos hasta el año 2020, en demandas presentadas a lo largo del presente año que está a punto de finalizar".

En este sentido, Jiménez ha explicado que "las carencias que sufren los juzgados de lo Social de Huelva las padece la ciudadanía onubense cuando se enfrenta a un pleito a dirimir en los mismos por la falta de medios humanos y materiales. Esto ocasiona la dilación en el señalamiento de juicios y posterior ejecución de las sentencias, con todos los perjuicios que ello conlleva", ha añadido.

Ante esta situación, la Consejería de Justicia ha aumentado la dotación presupuestaria para la puesta en marcha de un plan de refuerzo de personal interino para la tramitación procesal y administrativa, según explica IU, que apostilla que "esta medida no está resultando efectiva, pues el atasco se produce fundamentalmente en la capacidad resolutoria de los juzgados de lo Social y no en la capacidad tramitadora de los mismos".

Esta situación provoca "la total indefensión de los demandantes, ya sea en el caso de despidos, la resolución de un expediente de regulación de empleo, la demanda de prestaciones de Seguridad Social u otros temas, puesto que el tiempo de espera para su resolución es de más de dos años, en algunos casos". Por todo ello, Izquierda Unida ha resaltado que el incremento del número de juzgados "resulta una medida imprescindible para acabar con este atasco judicial que provoca retrasos tan excesivos".