Soler ha sido uno de los empresarios que ha comparecido este viernes en calidad de testigo ante el Juzgado de Instrucción número 18 de València, dentro de la pieza de Taula derivada del caso Imelsa, sobre la supuesta financiación irregular a través de la empresa Laterne Product Council (LPC) de las campañas del PP valenciano de 2007, 2011 y 2015 en la que están investigados el exvicealcalde, Alfonso Grau, y la gerente del PP nacional, Carmen Navarro.

Al que fuera máximo mandatario del Valencia se le ha preguntado a qué correspondían pagos realizados a Laterne, a lo que Soler ha contestado que no recordaba nada y que no conoce dicha entidad, según han informado fuentes conocedoras del procedimiento a Europa Press.

Sí ha admitido que conocía al gerente de Laterne pero solo con ocasión de un negocio para promocionar al Valencia CF que, según ha aseverado, resultó desastroso y ruinoso y no llegó a nada.

La declaración de Juan Bautista Soler se enmarca en las comparecencias de empresarios que están testificando ante el instructor sobre las supuestas donaciones realizadas al partido.

INFORME DE LA UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó al juzgado que instruye esta causa, conocida como el 'pitufeo', un informe que apunta a que el que fuera administrador de Laterne Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros".

Esta operativa se llevaba a cabo, de acuerdo a los datos recabados por los investigadores, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC.