El expediente por posibles prácticas anticompetitivas se inició a raíz de la denuncia de un profesional no colegiado en Huelva. Los técnicos del departamento de Investigación de la Agencia consideran que el montante de dichas tasas podrían constituir barreras para el ejercicio profesional, por lo que existirían indicios racionales de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, ha informado la ADCA en un comunicado.
Desde la misma recuerdan que la legislación nacional en su artículo 1 prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".
Al respecto, se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución, durante el cual el departamento de Investigación, podrá practicar cuantas acciones considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades.
Terminada la fase de instrucción, el procedimiento finaliza con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que en caso de considerar acreditada la existencia de prácticas prohibidas determinaría la sanción del presunto infractor. Por último, la Agencia recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
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