El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha denunciado este viernes que la futura de ley de rehabilitación de Galicia "favorece" el abandono de inmuebles para que "entre el capital privado a especular y hacer negocio".

En rueda de prensa, Sánchez censura que la Xunta quiere una ley "liberalizadora" en favor de las "peores fuerzas del mercado especulativo", que "no tiene en cuenta a los vecinos que viven en las zonas que se pretenden regenerar". Por ello, se busca su "expulsión"

de esos barrios en el marco de políticas de "gentrificación" para que sean habitados por "gente de alto poder adquisitivo".

"No queremos solo políticas de rehabilitación arquitectónica, sino que queremos leyes que no expulsen a las gentes de sus casas, sus barrios, para que vengan fondos de inversión, 'lobbies' de los promotores, a sacar plusvalías", avisa.

De este modo, considera que "es una ley que genera más confusión normativa, en vez de simplificar", lo que "demuestra la falta de previsión del Gobierno gallego, porque hace dos años aprobó una ley del suelo que no contemplaba nada sobre rehabilitación y regeneración", sobre la cual ahora se modifican diversos preceptos.

"ELEMENTO EXTORSIONADOR" EN EXPROPIACIONES

Una de las cuestiones "especialmente preocupantes" para En Marea es el capítulo de expropiaciones, con un "discutible ajuste a la legalidad", con "pago de especie incluso aunque no haya consentimiento del propietario".

Aquí, denuncia "un elemento extorsionador", dado que si el propietario no acepta el convenio voluntario que ofrece la administración "amenazan con una minoración de los derechos del suelo hasta del 50%". A esto se unen medidas de "privatización de espacio público" como "convertir el subsuelo" en "aparcamientos privados".

DESPROTECCIÓN

En este sentido, lamenta que este texto "no respeta la tipología de la zona", "pasa por encima" de los ayuntamientos"en las modificaciones de los PGOM, "rebaja" las protecciones especiales y "se establecen regímenes simplificados para la tramitación ambiental". Todo ello,

mientras los programas de realojo y retorno son "potestativos" y no hay garantías de inversión pública.

Así, observa una "apuesta clara por la degradación de la protección patrimonial", mientras defiende que la "solución" pasa no por nuevas leyes, sino por "dotar presupuestariamente" las existentes. A modo de ejemplo pone que el programa de políticas de rehabilitación de 2016 de la Xunta "tuvo un grado de ejecución del 15%".

También lamenta que "se crea el canon de abandono", pero "no se atienden" las reclamaciones de En Marea para que la normativa estatal contemple el desarrollo de lo aprobado desde 2004 para que haya un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas abandonadas.

Además, "en todo el proyecto no se mencionan los patrimonios públicos del suelo", sean autonómicos o municipales, que como instrumentos reguladores "deben tener protagonismo fundamental".

Finalmente, critica que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) "pasa a ser un operador más del mercado inmobiliario", en vez de fomentar su papel en pro de la vivienda pública.