Miguel Ángel Corredor tiene 50 años y hace 12 le diagnosticaron esclerosis múltiple progresiva. Desde entonces, su movilidad se ha resentido considerablemente hasta el punto que desde hace cuatro años se encuentra postrado en una silla de ruedas. "Cada día lucho contra una enfermedad que es superior a mí. Hay días que me cuesta mucho convivir con 'la perra', como yo le llamo", se sincera este exdirectivo de empresa logística. Sin embargo, para Miguel Ángel eso no es lo peor: "Mis hijos sufren cuando ven que su padre se cae delante de ellos al intentar subir un bordillo y que no es capaz de levantarse. Se dan cuenta de que ha perdido la fuerza" . "Siento una frustración grandísima cuando voy a lugares públicos que no están adaptados al 100%", concluye.

Como él, miles de madrileños sufren en primera persona la carrera de obstáculos que supone subir un bordillo, acceder al transporte público o entrar en un edificio de acceso exclusivo por escaleras. Estos ciudadanos esperaban que las administraciones públicas correspondientes (ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Gobierno central) cumplieran con lo establecido en la Ley General de Personas con Discapacidad, en vigor desde 2013.

Esta ley impone a las administraciones públicas la obligación de garantizar la completa accesibilidad de los espacios, servicios, transportes y edificaciones públicas a fecha 4 de diciembre de 2017. Es decir: que desde este lunes por ley todos espacios y servicios públicos deberían ser totalmente accesibles para las personas con discapacidad, una obligación que se ha incumplido. Según los últimos datos que maneja la Consejería de Asuntos Sociales, en la región viven 244.000 personas con discapacidad física y sensorial (con dificultades de movilidad, visuales y auditivas).

"Lastimosamente deberemos seguir reclamando la eliminación de barreras después de ver lo que está ocurriendo. Si la administración es la primera incumplidora nunca vamos a avanzar en materia de accesibilidad", lamenta Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), que avanza que están estudiando con asesores jurídicos la vía más efectiva para denunciar esta situación. La Ley General de Personas con Discapacidad contempla sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones más graves.

En la Comunidad de Madrid, como en la mayoría de territorios, son los grandes elementos urbanos donde se plantean dificultades de accesibilidad. Estamos hablando de parques, zonas juegos infantiles y edificios públicos (instalaciones deportivas -sobre todo en el acceso a las piscinas-, hospitales, teatros, cines, colegios, algunos museos...), como ha denunciado FAMMA.

También hay componentes del mobiliario urbano, como los bordillos sin rebajar, marquesinas inaccesibles, las aceras estrechas, las papeleras, señales y farolas mal colocadas que impiden el paso, los bancos sin respaldo ni reposabrazos o el pavimento en mal estado, que dificultan el día a día de personas con discapacidad. Algunos ejemplos de espacios y edificios públicos inaccesibles son el Templo de Debod, el Parque del Retiro, el Museo Sorolla, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente o la Ermita de San Antonio.

El transporte público es otro de los puntos en los que existen dificultades de accesibilidad, principalmente en la red de Metro y de Cercanías. En el suburbano, hasta 83 estaciones de un total de 301 continuarán sin ser universalmente accesibles por ausencia de ascensores en 2020, año de finalización previsto para el plan de instalación de nuevos elevadores que ha puesto en marcha el Gobierno regional. En este sentido, Ciudadanos llevará al próximo Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) para obligar a la Comunidad de Madrid a hacer las inversiones necesarias para eliminar todas las barreras que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades en los espacios públicos.

El problema es mayor en la red de Cercanías, donde casi el 80% de las estaciones no es plenamente accesible. El ejemplo más claro es la estación de Atocha, que carece de ascensores desde el exterior hasta el nivel de los tornos y el de andenes. La Asamblea de Madrid ya aprobó una PNL de Ciudadanos por la que la Comunidad debía solicitar al Gobierno las adaptación de las paradas de Alcalá de Henares, San Fernando y Coslada, pero no se ha hecho nada. Otras como Majadahonda, Aranjuez, Pinto o la del Hospital Ramón y Cajal de Madrid capital se encuentran con idéntico problema.

FAMMA denuncia falta de accesibilidad, además, en los autobuses interurbanos. "Son un desastre", señala Javier Font, quien, por el  contrario, alaba a los de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital: "Son un ejemplo de adaptación. Van más allá incluso de lo que exige la ley".