Además de asumir la defensa para coordinar todas las actuaciones, la FACC tiene previsto agotar todas las vías administrativas y judiciales para dilatar el proceso al máximo con el doble objetivo de evitar que los presupuestos municipales de 2018 se vean afectados por unas cuantías que suman más de tres millones de euros y, a su vez, disponer de margen temporal que permita encontrar una solución junto al Principado si finalmente los tribunales obligan a la devolución.
En declaraciones a Europa Press, García Palacios ha explicado que primero se esperará a recibir el requerimiento del Principado por carta para presentar alegaciones. Si no son atendidas, se presentaría un recurso de reposición y, si lleva a ser necesario, se llevaría el caso a la vía judicial contencioso-administrativa.
El presidente de la FACC se reunió este jueves con el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, para trasladarle las medidas que llevará a cabo desde la federación y agradecer también la disposición del Principado para buscar una solución a la situación que afecta a 21 municipios asturianos.
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