De esta manera Atalaya ha conseguido eliminar una de las más importantes cargas que tenía la explotación, según ha informado la empresa en su página web, consultada por Europa Press.

Esta deuda, que en pesetas ascendía a los 2.800 millones, estaba asociada a los terrenos mineros en forma de hipoteca, y podría haber sido ejecutada en alguno de los momentos de incertidumbre tras el cierre y liquidación de la mina.

El acuerdo que en su momento cerró el nuevo proyecto con la Seguridad Social, que incluía el pago de la deuda en plazos con sus intereses correspondientes, impidió la ejecución de la misma, lo que hubiera añadido una dificultad al proceso de reapertura.

Gracias a la capacidad de generar ingresos de la nueva mina en marcha, aseguran desde la empresa, se ha restituido al erario público una importante suma de dinero, así como que el complejo minero-metalúrgico de Riotinto, a partir de ahora, "se puede enfocar a lo que mejor sabe hacer, producir cobre y crear riqueza y empleo en el tejido económico de la región".