Así lo han indicado fuentes del departamento dirigido por Carmen Montón a Europa Press, que han destacado esta decisión judicial en un proceso de reversión a la administración pública de este área de salud que han calificado de "planificado, con previsión, transparencia y ordenado". Ahora, esta resolución "permite seguir trabajando en la reversión de forma planificada como se lleva haciendo de forma ordenada" desde hace meses.
El TSJCV, que no entra en el fondo del asunto, entiende en un auto que en la decisión de Sanidad de no prolongar el contrato con la UTE Ribera Salud "no se producen perjuicios de imposible o difícil reparación", no existe sospecha de "una infracción pura y simple" del ordenamiento jurídico y, en cuanto a la ponderación de intereses en juego, señala que, como apunta la Generalitat en su escrito de oposición, "la administración ya ha establecido un plan de trabajo para la reversión y ha incurrido ya en un considerable gasto público".
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