En rueda de prensa, Antonio Torres ha exigido a los responsables del Ejecutivo que "dejen trabajar" a quienes tienen "claro" que hay que recuperar los bienes artísticos.

El parlamentario del PP se ha preguntado "qué está haciendo el Gobierno por recuperar las obras que ha perdido el MNAC, por recuperar el tesoro de Sijena, por no citar Berbegal, El Tormillo y las 112 obras", criticando que ahora la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, "se permite exigir contundencia al obispo de Barbastro y al ministro".

Antonio Torres ha recordado que el Gobierno de Javier Lambán, "estaba negociando con Vila" hace un año y ha lamentado que "no ha apoyado ni acompañado" al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en la demanda penal contra los consejeros -catalanes- que han desobedecido las órdenes judiciales.

SANO ORGULLO

Ha dicho que este martes hubo un "estallido de alegría" al conocer que el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, había ordenado devolver los bienes del Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca), en aplicación de la providencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca.

Antonio Torres ha manifestado su "sano orgullo" por haber apostado porque el ministro acataría la sentencia que obliga a devolver los bienes y por ser compañero de partido de Méndez de Vigo, quien ha actuado con "diligencia". También porque el Gobierno de España "tiene clarísimo que sin Estado de Derecho no hay democracia ni libertad".

El parlamentario del PP ha expresado que hace 20 años "muy pocos" apostaron por la vía judicial ya que "sabíamos que la negociación no serviría nunca y que había que poner el cronómetro de la vía judicial para llegar al final".

Ha repasado las actuaciones del PP para recuperar los bienes, comentando que fue Santiago Lanzuela, al frente del Gobierno regional, quien presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) por no haber podido ejercer el derecho de tanteo, y la presidenta Luisa Fernanda Rudi (2011-2015) consiguió que las monjas del Monasterio de Sijena le autorizasen a litigar en su nombre, ambos "hitos fundamentales". También ha apuntado que Gustavo Alcalde, en su etapa de presidente regional del PP, rechazó la cogestión de los bienes, que el Ejecutivo de Marcelino Iglesias pretendía firmar porque "prefería la inacción".