La Ley de la Huerta inicia su trámite parlamentario en las Corts bajo la amenaza del PP y Cs de llevarla al TC

  • El pleno de las Corts ha rechazado este miércoles, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y No Adscritos y en contra de PP y Cs, devolver al Consell la Ley de la Huerta de Valencia, tal y como han solicitado estas dos últimas formaciones en sendas enmiendas a la totalidad.

De esta manera, la norma sigue su trámite parlamentario, aunque bajo la amenaza del grupo 'popular' y de Cs de llevarla al Tribunal Constitucional (TC) al entender los 'populares' que es una ley

"confiscatoria" e "inconstitucional" porque "expropia propiedades y promueve los arrendamientos forzosos", mientras que la formación naranja cree que "no se ajusta al derecho constitucional".

Durante la sesión, la consellera de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha defendido el texto y ha subrayado que se trata de "un punto de inflexión" para "proteger y recuperar los valores sociales, ambientales, económicos y culturales de este espacio único que se ha visto seriamente amenazado por la degradación de las últimas décadas".

Ha explicado que la ley se desarrollará a través de tres figuras: el Plan de Acción Territorial (PAT), el Ente de Gestión y el Plan de Desarrollo Agrario que busca mejorar la renta de los agricultores y garantizar la rentabilidad económica tanto de las empresas como de las explotaciones agrarias.

En concreto, ha indicado que el PAT será un instrumento de ordenación supramunicipal que permitirá "la conservación activa de más de 10.000 hectáreas, así como la definición y clasificación de los usos y actividades permitidos en cada uno de los grados de protección de la huerta".

Por su parte, el Ente Gestor de la huerta tendrá como finalidad garantizar la pervivencia de las actividades agrarias y promoverá el apoyo a la promoción, comercialización y diferenciación de los productos de la huerta, impulsando y gestionando las marcas de calidad

que los dotan de un valor añadido y diferencial.

Asimismo, la ley incluye fórmulas de arrendamiento forzoso de cultivos infrautilizados -suelos en degradación, sin actividad agraria o que pongan en peligro parcelas colindantes- en favor de terceros, aunque ha puntualizado que esta medida solo se dará "en casos extremos" porque antes se pondrán en marcha procedimientos de mediación.

"Esta ley es necesaria y supondrá un nuevo rumbo en las políticas públicas que permitirá frenar las agresiones que en los últimos años ha sufrido nuestro patrimonio natural y nuestro territorio con un urbanismo especulador", ha defendido.

"LEY CONFISCATORIA, ESPECULATIVA E ILEGAL"

Durante la defensa de la enmienda a la totalidad del PP, el diputado Luis Santamaría ha considerado que es una ley "genocida, expropiatoria, ilegal, confiscatoria y especulativa" al contemplar el arrendamiento forzoso y ha criticado que "olvida que la huerta solo se protege si se garantiza la viabilidad, sostenibilidad, rentabilidad de las explotaciones".

Asimismo, ha reprobado que el texto promueve el "comunismo" al obligar a "la planificación económica" centralizada y a la creación "del Ente Gestor de la Huerta que le dice al agricultor lo que tiene que plantar o cómo regar" como ocurría en la china de Mao Zedong.

"Si no salvamos a los agricultores, no salvaremos la huerta. Lo demás son historias", ha remarcado para reclamar la devolución del proyecto de ley al Consell, que se haga un informe de vialidad de las explotaciones, que el Plan Desarrollo Agrario se haga antes de aprobar la ley y que se sienten con las organizaciones agrarias para pactar un presupuesto porque esta ley no lo contempla, ha señalado para criticar que la ausencia de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, en la sesión plenaria.

NORMA "INJUSTA E INCOMPLETA"

Desde Cs la parlamentaria María José García ha anunciado que su grupo también recurrirá la ley en los tribunales, una vez se apruebe, al entender que "no se ajusta al derecho constitucional". A su juicio, es una norma "injusta e incompleta" que no recoge las reivindicaciones de las organizaciones agrarias, no garantiza la supervivencia de la profesión ni garantiza el derecho a trabajar "con dignidad" ni contempla un presupuesto.

Ha criticado, también, que la norma contemple el arrendamiento forzoso del terreno y se ha preguntado dónde está "el diálogo" y la libertad para que el agricultor "haga lo que quiere con sus tierras" Además, ha reivindicado la figura agricultor y ha señalado que a Cs le "avergüenza que hoy se rían de ellos" al presentar este texto porque "no se le incluye en esta ley" y se les pone "un veto".

Así, ha apelado a la "sensatez, reflexión y diálogo" de los grupos para devolver el texto al Consell y poner en marcha una mesa de trabajo en defensa del agricultor que cuente con "todos agentes implicados y realice diagnóstico real y un análisis sólido" de la situación.

DEFENSA DE LA LEY

Desde el PSPV, el diputado Rafael Briet, ha subrayado que la norma "activa y pone en valor la agricultura y ha acusado al PP de ser

"los responsable de la degradación de la huerta", de no tener una "voluntad clara" de salvaguardar la actividad agraria porque "ustedes priorizan el negocio y el urbanismo", ha espetado a la bancada 'popular', mientras que a Cs le ha afeado que con su enmienda "injusta e irresponsable" vayan "en contra de los agricultores" y se hagan "responsable de las acciones del PP que degradaron poco a poco la huerta".

A su juicio, existe una "oportunidad" con esta ley para dinamizar la huerta, dar cobertura paisaje y garantizar "la renta digna" para los agricultores porque "la ley pretende potenciar la figura del agricultor profesional y la viabilidad de las explotaciones", ha subrayado.

Antonio Montiel, de Podemos, ha admitido que la norma es "mejorable", por lo que ha abogado por "trabajar sobre ella" para no "continuar marcando 'el tic tac' del fin de la huerta".

Ha tachado la enmienda del PP de "demagógica y contraria" al fin de la ley que es protege la huerta y al agricultor y ha lamentado que durante los años del PP se ha perdido suelo por la especulación urbanística.

Para la diputada de Compromís Graciela Ferrer el texto ha sido consensuado y supone "el primer paso imprescindible para poder desarrollar proyectos de vida para miles de familias que quieren dedicarse a la agricultura" y garantizar la rentabilidad de los cultivos. "Es un proyecto inspirado en la dignificación de la figura del agricultor y propone desarrollar un plan de acción agraria que el PP nunca ha puesto encima de la mesa", ha argumentado.

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