La comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del  Ayuntamiento de la capital concluye que las obras fueron "totalmente ilegales" y señalan al gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) de ser el "responsable directo de un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid" y de una tramitación plagada de "irregularidades". Recomienda además ir a otro modelo de gestión, es decir, se aboga por la remunicipalización.

El dictamen ha salido adelante en el Pleno con los votos favorables de Ahora Madrid, PSOE y Cs. El PP ha votado en contra. La ilegalidad de las obras reside en que juzgados de todas las instancias han hecho patente la ausencia de la obligatoria evaluación de impacto ambiental, algo "totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007", recoge el dictamen.

Las conclusiones consensúan que "existen responsabilidades políticas directas por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid" siendo el equipo de gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón "responsable directo de un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid, una tramitación de los proyectos y gestión administrativa de los mismos lleno de irregularidades y un contrato de mantenimiento sin mecanismos de control y en el que, las mejoras que llevaron a ser adjudicataria a la sociedad EMESA no eran controladas ni supervisadas".

La elección del modelo de gestión de la sociedad "respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima", recogen las conclusiones. A lo que añaden que el modelo de gestión de la sociedad es "totalmente ruinoso para las arcas municipales al garantizar el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040".

Las conclusiones destacan que los modelos económico-financieros del contrato tienen "numerosos errores que ahondan en la falta de supervisión del contrato, la falta de transparencia y el perjuicio que el modelo de gestión elegido supone para la sociedad y las arcas del Ayuntamiento", enlazado a que "numerosas decisiones tomadas para financiar la sociedad, partiendo del modelo de gestión elegido, han ido contra los intereses generales de la ciudad de Madrid y en favor de los intereses de las entidades privadas que conformaron EMESA y de las entidades financieras que otorgaron los créditos".

Las conclusiones señalan que las obras fueron inauguradas con "importantes carencias y deficiencias, que quedaron acreditadas con las numerosas inundaciones sufridas en el túnel, el grado de deterioro acelerado del túnel y la falta de programas automáticos de control de la ventilación en caso de incendio".