El fallo, consultado por Europa Press y declarado en firme tras la conformidad de las partes, condena a los acusados por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal en grado de tentativa, ya que la unión como pareja de hecho entre la extranjera y el desconocido no se llegó a producir puesto que los agentes de la Policía Local de Almería que asistieron a la entrevista previa a la inscripción detectaron "una serie de errores y contradicciones" en las preguntas que se les hacía.

Los hechos se iniciaron en septiembre de 2015, cuando la pareja se puso de acuerdo con la mujer marroquí para facilitarle mediante una unión de conveniencia su residencia legal en el país a cambio de 3.500 euros, momento a partir del cual comenzaron la búsqueda de una persona de nacionalidad española con la que realizar su inscripción como pareja de hecho.

En este sentido, la acusada contactó con un tercero para que "a cambio de una cantidad no determinada de dinero", fingiera ser la pareja de la mujer y acudiera con ella a la entrevista con agentes de Policía Local que debía realizarse en la sede de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de la capital almeriense.

Previamente a la entrevista, el otro acusado procedió a empadronar a la ficticia pareja en el domicilio en el que él mismo vivía en régimen de alquiler, para lo que falsificaron la firma del dueño de la vivienda para hacer la autorización que les permitió, a la postre, conseguir dicho empadronamiento.

Pese a estos preparativos, la interesada en conseguir la regularización en el país no consiguió su objetivo al no superar la entrevista ya que "no conocía" a su supuesto novio, con lo que los agentes comprobaron que "no tenían relación alguna".

El juez impone a los acusados seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y una multa de 360 euros a cada uno, mientras que por el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal en tentativa los condena a una multa de 90 euros, todo ello a abonar a partir del próximo 1 de diciembre en cuotas de 60 euros. El magistrado accedió a suspender la pena de prisión durante dos años con la condición de que los acusados no delincan en ese periodo de tiempo.